¿Rige en Colombia el IVA comunitario? Análisis de una discusión doctrinal inconclusa.
posteado por Nota Tributaria @ 7:00pm, Miercoles 9 Noviembre 2011.
Por
Juan Esteban Sanín Gómez[1]
1. Aspectos
introductorios a la discusión.
Mediante la Decisión 599 de julio de 2004, la Comisión de la Comunidad
Andina (“CAN”) decidió regular “los
aspectos sustanciales y los procedimientos de los impuestos tipo
valor agregado que deben armonizarse en los regímenes tributarios de los
Países Miembros, a los efectos de facilitar el cumplimiento de los objetivos y compromisos
de la Comunidad Andina”[2] (Subrayado
fuera de texto). En dicha Decisión se regularon asuntos sustanciales del
tributo (hecho generador, base gravable y tarifa o tasa) al igual que aspectos
procedimentales del mismo (declaración del impuesto, mecanismos de devolución y
compensación de saldos a favor, facturación, entre otras).
En su artículo 40 (“Vigencia”) se estableció que “la presente Decisión será incorporada al derecho interno de cada País
Miembro cuando así lo prevea su norma constitucional y entrará en
vigencia el primer día calendario del mes inmediato siguiente a la fecha del
último depósito del instrumento correspondiente en la Secretaría General de la
Comunidad Andina”. Posteriormente, mediante Decisión 635 de 2007, la
Comisión de la Comunidad Andina considerando que “las
Decisiones 599 (…) tienen por finalidad armonizar algunos aspectos en materia
de impuestos tipo valor agregado (…) Para alcanzar dicho objetivo es necesario
que los Países Miembros dispongan de plazos razonables para adoptar las
medidas legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para la
aplicación de las normas contenidas en las referidas Decisiones”, decidió
dejar sin efecto el artículo 40 antes mencionado.
2.
Aspectos
normativos relevantes.
El artículo 338, aunado al artículo 150 numerales 11 y 12
de la Constitución Política (C.P.), establece la reserva legal del Congreso de
la República para la creación de tributos del orden nacional. Estos artículos
propenden por hacer efectivo el principio democrático de “no taxation without representation” el cual fue heredado del
constitucionalismo norteamericano por parte de nuestro sistema constitucional.
Así mismo, el mencionado artículo 150 de la C.P., en su
artículo 16, faculta al Congreso de la República para efectos de que apruebe o
impruebe los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados, pudiendo así
mismo transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos
internacionales, siempre que estos tengan por objeto promover o consolidar la
integración económica con otros Estados[3].
En virtud de esta atribución el Congreso de la República,
al aprobar el Acuerdo de Cartagena, aprobó
transferir parcialmente su competencia a la Comisión de la Comunidad
Andina para efectos de que este órgano adoptara las medidas necesarias para el
logro de la integración comunitaria efectiva.
La Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del día 27 de febrero
de 1973, sobre la Ley 8 de 1973, por la cual se aprobó el Acuerdo Subregional
Andino suscrito en 1969 estableció, en relación con las reglas expedidas por la
entidad andina que rigen la conducta de los países comprometidos y sus
habitantes en asuntos fundamentales de la actividad económica que “tales reglas (…) rigen de manera directa sin
necesidad de someterse a procedimientos previos de admisión en cada uno de los
Estados que componen el área territorial del pacto; sólo cuando éste lo
establece o la naturaleza de las materias lo exige, requieren el desarrollo de
trámites nacionales”.
No obstante lo anterior, el “Protocolo modificatorio del Tratado de
Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”,
suscrito en Cochabamba, Bolivia, el 28 de mayo de 1996, aprobado por Colombia
en virtud de la Ley 457 de 1998 y revisado por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-227 de 1999, señala en su artículo 3 que: “Las Decisiones del
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las
Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los
Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del
Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.”
Así pues, por voluntad de los mismos países contratantes, las Decisiones
proferidas por la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones,
independientemente de la materia de que se traten, serían obligatorias de forma
inmediata, salvo que la misma Decisión estipulare un término de vigencia
diferente.
En relación con la aplicación preferente del derecho
internacional frente al derecho nacional, Colombia ha adoptado la tesis del
monismo moderado[4],
según la cual “las reglas de los
convenios o las decisiones comunitarias derivadas prevalecen sobre el derecho
interno para los asuntos allí regulados, de manera que se evita la violación de
un acuerdo por contradicción con normas de derecho interno (treaty override)”[5].
En Sentencia C-137 de 1996, la Corte Constitucional
reconoció la transposición y prevalencia del derecho comunitario derivado sobre
el derecho nacional, manifestando que ello operaba sin necesidad de una norma o
trámite interno que incorporará directamente la regulación supranacional a la
nacional. Ello lo hizo en los siguientes términos:
“Como es sabido, el concepto de supranacionalidad -
dentro del que se inscribe el Acuerdo de Cartagena - implica que los países
miembros de una organización de esta índole se desprendan de determinadas
atribuciones que, a través de un tratado internacional, son asumidas por el
organismo supranacional que adquiere la competencia de regular de manera
uniforme para todos los países miembros sobre las precisas materias que le han
sido transferidas, con miras a lograr procesos de integración económica de
carácter subregional. Las normas supranacionales despliegan efectos especiales
y directos sobre los ordenamientos internos de los países miembros del tratado
de integración, que no se derivan del común de las normas de derecho
internacional. Por una parte, esta legislación tiene un efecto directo sobre
los derechos nacionales, lo cual permite a las personas solicitar directamente
a sus jueces nacionales la aplicación de la norma supranacional cuando ésta
regule algún asunto sometido a su conocimiento. En segundo lugar, la
legislación expedida por el organismo supranacional goza de un efecto de
prevalencia sobre las normas nacionales que regulan la misma materia y, por lo
tanto, en caso de conflicto, la norma supranacional desplaza (que no deroga) -
dentro del efecto conocido como preemption - a la norma nacional”.
3.
Posiciones
doctrinales sobre la aplicación del derecho tributario derivado.
Existe una parte de la doctrina que considera que, por el
principio de supremacía del derecho comunitario frente al nacional, las
decisiones de la CAN tienen efecto directo y aplicación directa sin necesidad
de transposición normativa alguna. Se basa esta línea doctrinal, en gran
medida, en lo establecido en el artículo 3 del Tratado Constitutivo del Tribunal
Andino de Justicia, acogido por Colombia mediante la ley 457 de 1998. Quienes
acogen esta interpretación, entienden que, por ejemplo, la Decisión 578 de 2004
(Régimen andino para evitar la doble imposición y evitar la evasión fiscal) si
bien modifica uno de los elementos esenciales del impuesto a la renta
colombiano (cuál es el sujeto activo) al establecer en su artículo 3 que han de
considerar como “exoneradas”, para la determinación de tal impuesto a la renta,
las que tengan su fuente en otro País miembro, es de aplicación inmediata sin
que requiera transposición normativa alguna.
Otra parte de la doctrina exige que todas las normas
comunitarias de carácter tributario, por tener reserva de ley, han de ser
objeto de transposición normativa para efectos de a ser aplicables en los
Países Miembros.
Existe también una línea doctrinal ecléctica, compuesta
por importantes doctrinantes[6] dentro
de la cual se encuentra el Dr. Mauricio Plazas Vega, que considera que las
normas que modifiquen los elementos esenciales del impuesto deben ser objeto de
transposición legal, más no las que regulen asuntos diferentes a estos[7].
4.
Planteamiento
del problema que da origen a la discusión.
Radica entonces la discusión en sí, dadas las anteriores
circunstancias, la Decisión 599 de 2004 está vigente y es aplicable en Colombia
y cuales son exactamente las consecuencias de ello.
Una parte de doctrina (la que propugna por la aplicación
inmediata de la norma supranacional) argumenta que la Derogatoria del artículo
40 de la Decisión 599 de 2004, por parte de la Decisión 635 de 2007, implica la
entrada en vigencia inmediata de las estipulaciones contenidas en tal Decisión.
Ello por cuanto estas le son contrarias a las estipuladas en el ordenamiento
tributario interno. Se basa este sector de la doctrina en que siendo la
aplicabilidad inmediata la norma general, y no estando ya la misma sujeta a
ningún tipo de condicionantes, ha de entrar a regir (sin que ello implique
derogatoria) de forma preferente a las disposiciones que le sean contrarias.
Ello aplicaría, obviamente, solo para las disposiciones imperativas y de
cumplimiento inmediato y no, como es lógico, para las disposiciones que
establecen deben ser objeto de adaptación o armonización por parte de los
países miembros. Así pues, de acogerse esta posición ello implicaría que, entre
otras cosas, la venta de bienes de cualquier naturaleza (no sólo los corporales
muebles) estuvieran gravados con IVA[8] y que no
generaría IVA el aporte en especie de inventarios[9].
Otra parte de la doctrina (la que propugna por la
trasposición necesaria de las normas de contenido fiscal) argumenta que Decisiones
como la 578, 599, 600 y 635 son abiertamente inconstitucionales por violación
al principio de reserva de ley y por ende no rigen ni son aplicables en
Colombia. El exponente más reconocido de esta línea de pensamiento es el Dr.
Humberto Longas Londoño, quien en demanda ante la Corte Constitucional,
solicitó la inexequibilidad de las Decisiones 578, 599, 600 y 635 alegando que
con las mismas se estaban violentando los artículos 1, 3, 4, 93, 94,
95 numeral 9, 150 numerales 11, 12 y 16, 241 numeral 10 y 338, y el Preámbulo
de la Carta Política. Su demanda fue rechazada mediante Auto del 2 de febrero
de 2007, confirmado por Sala Plena mediante Auto 056 del 28 de febrero de 2007
bajo la premisa de que “las Decisiones de la Comunidad Andina de Naciones no
son por regla general objeto de control por parte de la Jurisdicción
Constitucional, pues para el efecto el derecho comunitario consagra acciones
mediante las cuales el Tribunal de Justicia del Acuerdo puede controlar su
legalidad”.
La tercera parte de la doctrina (la que propugna por una posición
ecléctica sobre la necesidad de trasponer normativamente sólo las Decisiones
que versen sobre los elementos sustanciales del tributo, mas no sobre los
asuntos procedimentales) argumenta que si bien se derogó el artículo 40 de la
Decisión 599 de 2004, ello implica única y exclusivamente que se modifica el
término de conteo de los plazos que establece la misma norma. Es decir, si bien
antes la decisión había de ser incorporada en los regímenes internos de cada
país miembros y desde allí[10] comenzaría a darse el
cómputo de los plazos de armonización de cada uno de los ítems[11] establecidos en la
Decisión 599 de 2004,por la derogatoria antes mencionado, este plazo habría
empezado a contarse desde el año 2004, razón por la cual, entre otras, habría
incurrido Colombia en un incumplimiento sancionable por no haber armonizado
ciertas disposiciones a través de una reforma tributaria. No obstante ello
considera este segmento de la doctrina que ciertas estipulaciones normativas
adicionales a los elementos del impuesto (aquellas que no son de potestativo
cumplimiento) habrían, con base a la derogatoria mencionada, entrado ya a regir.
Dentro de estos se encontrarían rigiendo, entre otras, disposiciones tales como
la que indica que el período fiscal del impuesto no podrá ser superior a dos
(2) meses[12], la que establece como determinar el impuesto
por pagar[13]
y la que establece en qué circunstancias se puede o no otorgar un crédito
fiscal en la adquisición de bienes y servicios[14]. Otra vertiente de esta
misma línea doctrinal, compuesta por muy reconocidos doctrinantes, no considera
siquiera que estos elementos no esenciales del tributo y los cuales no están
sujetos a armonización alguna hayan entrado a regir en Colombia, por cuanto
creen que la obligación de realizar una trasposición en materia de tributación
indirecta no sólo versa sobre aquellos ítems que puedan afectar los elementos
esenciales del impuesto sino también sobre temas aledaños al impuesto o en
general a la tributación indirecta.
5.
Posición del
autor sobre la discusión doctrinal.
En opinión del autor, le asiste razón a quienes propugnan
por la aplicación inmediata de la norma supranacional. En tal sentido considera
que, en virtud de la derogatoria del artículo 40 de la Decisión 599 de 2004,
entraron a aplicarse de forma inmediata y preferente todas las disposiciones
imperativas que, en materia sustancial y procedimental, le eran contrarias al
régimen del IVA en Colombia y que, por supuesto, no pertenecieran a las consideraciones
que debían ser armonizadas en un lapso de tiempo. Es decir, considera ha de
tener la Decisión 599 de 2004 exactamente el mismo tratamiento tributario en
Colombia que tuvo la Decisión 578 de 2004, por cuanto se dan los mismos
supuestos para que el trato sea igual y no existen consideraciones de hecho o
de derechos que impliquen la justificación de un trato diferencial,
independientemente de que se trate de normas supranacionales de tributación
directa o indirecta.
[1] Abogado. Ignacio Sanín Bernal y
Cia. Abogados
[2] CAN, Decisión 599 de 2004,
Art. 1.
[3][3] Constitución Política de
Colombia, Art. 150 numeral 16 “Corresponde
al Congreso: (…)Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con
otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos
tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia
nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos
internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la integración
económica con otros Estados.”
[4] Esta posición fue asumida,
entre otras, en la Sentencia C-383 de 2008 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[5] Ver Sentencia de la Corte
Constitucional C-460 de 2010 M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
[6] PLAZAS VEGA, Mauricio. “Temas
de Derecho Tributario Contemporáneo”. Universidad del Rosario. 2006. P. 133.
[7] Op. Cit. PLAZAS VEGA “Entre
esas dos posiciones cabe mencionar una intermedia, de la cual participa el
autor a la luz de la cual se requiere la transposición al derecho nacional de
las normas relacionadas con los elementos del impuesto (hecho generador,
incluidas exenciones, sujetos, base gravable y alícuota o tarifa), pero no
cuando se refieran a asuntos diferentes (por ejemplo, procedimiento tributario,
obligaciones instrumentales o formales como facturar o declarar, devolución o
compensación de saldos a favor, etc.).
[8] CAN, Decisión 599 de 2004,
art. 5 “Bienes y servicios sujetos a
imposición. Los impuestos tipo
valor agregado se generan en la venta o transferencia de bienes, la prestación
o utilización de servicios en el territorio nacional, acorde con el artículo 12
de esta Decisión, y la importación de bienes corporales muebles”.
[9] CAN Decisión 599 de 2004, Art.
7 “Los impuestos tipo valor agregado no
se generarán: (…) d) Aportes de bienes a
sociedades en constitución por parte de personas no sujetas al impuesto;”
[10] Desde el primer día calendario
del mes inmediato siguiente a la fecha del último depósito del instrumento
correspondiente en la Secretaría General de la Comunidad Andina.
[11] Nótese que la Decisión 599 de
2004 establece una serie de plazos que se le otorgan a los Países Miembros para
que apliquen, adecúen y armonicen sus regímenes internos de acuerdo con lo
establecido en la Decisión. Así pues establece un término de diez (10) años
para la armonización del IVA en materia de prestación de servicios, un término
de hasta seis (6) años para el desmonte del gravamen de IVA a las exportaciones
de servicios, un término para la adecuación de quienes tengan tarifas o tasas
de IVA superiores a 19%, un término de hasta seis (6) años a quienes no otorgan
un derecho a un crédito fiscal por la compra o adquisición de activos fijos
para que adecúen sus regímenes, entre otros.
[12] Decisión 599 de 2004, art. 31.
[13] Decisión 599 de 2004, art. 26
[14] Decisión 599 de 2004, art. 27
I CONGRESO DE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL Y POLÍTICA FISCAL. MEDELLIN, 19 AL 21 DE OCTUBRE DE 2011
posteado por Nota Tributaria @ 3:03pm, Lunes 5 Septiembre 2011.
|
AMIGOS
DE NOTA TRIBUTARIA, CORDIAL SALUDO |
|
|
|
LES
EXTENDEMOS UNA CORDIAL INVITACIÓN A ASISTIR AL PRIMER CONGRESO DE
TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL Y POLÍTICA FISCAL "LA INGENIERIA FISCAL AL
SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS Y EN PROCURA DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
DEL PAÍS", ORGANIZADO CONJUNTAMENTE POR LAS UNIVERSIDADES EAFIT Y DE
MEDELLÍN, QUE SE LLEVARÁ ACABO EN LA CIUDAD DE LA ETERNA PRIMAVERA, LOS DÍAS
19 AL 21 DE OCTUBRE PRÓXIMOS, ASÍ: |
|
|
|
|
|
I
CONGRESO DE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL Y POLITICA FISCAL |
|
“La ingeniería fiscal al servicio de los empresarios y en procura del
desarrollo económico y social del país” |
|
Medellín, Octubre 19 al 21 de 2011. 20 horas académicas. |
|
Presentación: |
|
El I Congreso Internacional de Tributación y Política Fiscal ha sido
concebido como el escenario propicio, creado por parte de dos importantes
instituciones de educación superior a saber: Universidad EAFIT y la
Universidad de Medellín, con el propósito de servir de espacio de reflexión y
discusión académica, donde expertos e interesados en las temáticas
tributarias y de política fiscal, disertarán, deliberarán y discutirán
alrededor de los diferentes sistemas tributarios y fiscales internacionales. Es por ello que este importante evento
contará con la presencia de expertos de seis países que se reunirán en Plaza Mayor Medellín Convenciones y
Exposiciones del 19 al 21 de Octubre
de 2011, quienes representan a los siguientes países: Argentina, Brasil,
España, Estados Unidos, Colombia y Perú. |
|
Investigadores, docentes
universitarios, asesores empresariales, ejecutivos de primera línea de las
organizaciones empresariales, profesionales del sector y representantes
gubernamentales son los invitados a participar en el congreso, cuya finalidad
es analizar el papel que la tributación internacional y la política fiscal
pueden desempeñar en un modelo de desarrollo económico, como el que tiene
Colombia actualmente, de cara a los diferentes tratados internacionales vigentes
y en proceso de firma. |
|
Para
ello se han programado dos ejes temáticos principales, la tributación
internacional y la política fiscal, los cuales tendrán su sustento teórico e
investigativo en las siguientes temáticas: Convenios internacionales y derecho
interno, Tributación de las rentas de las personas naturales en Europa y en
América: Referencia de dos países, Establecimiento permanente, Pagos desde y
hacia el exterior, Convenios de doble Imposición en la región
Latinoamericana, Precios de transferencia, Elusión y evasión fiscal, Protección de
inversiones y tributación, Fiscalidad
internacional de intangibles,
Regulación del comercio electrónico en el mundo, Normas
Internacionales de Contabilidad y Aseguramiento de la Información: NIC 12
(Impuesto sobre las Ganancias). |
|
Objetivos: Presentar
a la comunidad empresarial y académica el desarrollo de la tributación
internacional, logrando armonizar las normas internas con el contexto
internacional y así materializar una mirada global de los impuestos. |
|
Institucionalizar en el
contexto colombiano la cultura de los congresos de índole
académico-investigativos, en las
áreas de los tributos y de la política fiscal, y, de este modo, consolidar
los congresos internacionales, de manera que se conviertan en el escenario
por excelencia para los empresarios e investigadores colombianos. |
|
Dirigido a: Contadores públicos, abogados, economistas,
administradores, negociadores internacionales y a todas aquellas personas
interesadas en los temas inherentes a la tributación internacional y a la
política fiscal. |
|
Metodología: Exposiciones magistrales de una hora y treinta minutos,
con intervención moderada de los participantes máximo de 20 minutos en cada
conferencia (Sesión de preguntas). |
|
Contenido Temático |
|
Convenios
Internacionales y derecho Interno |
|
Tributación
de las rentas de las personas naturales en Europa y en América: Referencia de dos países |
|
Pagos
desde y hacia el exterior |
|
Convenios
de doble Imposición en la región latinoamericana |
|
Establecimiento
permanente |
|
Elusión
y evasión fiscal |
|
Protección
de inversiones y tributación |
|
Fiscalidad
internacional de intangibles |
|
Regulación
del comercio electrónico en el mundo |
|
Normas
Internacionales de Contabilidad y Aseguramiento de la Información: NIC 12 (Impuesto sobre las ganancias) |
CURSO EXPERTO EN FISCALIDAD INTERNACIONAL
posteado por Nota Tributaria @ 8:03am, Jueves 3 Marzo 2011.
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
D e p a r t a m e n t o de D e r e c h o P ú b l i c o E s p e c i a l
C U R S O S D E P O S G R A D O
V
CURSO DE EXPERTO EN FISCALIDAD INTERNACIONAL
Santiago de Compostela
España
Del 11 al 22 de julio de 2011
D i r e c t o r
Profesor Dr. CÉSAR GARCÍA NOVOA
C A T E D R Á T I C O D E D E R E C H O
F I N A N C I E R O Y T R I B U T A R I O
Destinatarios: Titulados superiores o profesionales relacionados con la materia tributaria.
Lugar: Facultad de Derecho. Avda. Dr. Ángel Echeverri, s/n. Campus Sur.
Horario: De Lunes a Viernes, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00.
Duración: 100 horas (10 créditos).
Matrícula: del 1 de octubre de 2010 hasta el 30 de junio de 2011.
Sistema de selección: Currículo académico, experiencia profesional y, en su caso, entrevista personal.
Derechos de inscripción: 1200 €.
Título: Título de experto, propio de la Universidad de Santiago de Compostela[1].
Profesorado: Profesores universitarios doctores, profesionales y funcionarios relacionados con la materia tributaria.
INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS
Soraya Rodríguez Losada
Teléfono (España): (0 0 3 4 ) 8 8 1 8 1 4 7 6 8
Fax: (0 0 3 4 ) 9 8 1 5 9 1 5 5 4
Correo electrónico:
PROGRAMA
11 al 22 de julio de 2011
11 de julio: Recepción de participantes. Entrega de material bibliográfico. Introducción al Derecho Comunitario. El Derecho comunitario como Derecho Supranacional. Elusión y evasión internacional. Los paraísos fiscales.
12 de julio: Libertades Comunitarias y Derecho Tributario. Ayudas de Estado.
13 de julio: El IVA en la Unión Europea. Doble Imposición Internacional y medios para evitarla.
14 de julio: Rentas de actividades empresariales.Establecimiento Permanente. El concepto de residencia en los Convenios para evitar la Doble Imposición y Derecho Comunitario.
15 de julio: Modelos de Convenios para Evitar la Doble Imposición. Procedimiento Amistoso y Arbitraje.
18 de julio: Armonización Fiscal Directa e Indirecta. Precios de Transferencia.
19 de julio: Tributación de las Rentas de Actividades Personales. Transparencia Fiscal y Subcapitalización.
20 de julio: Cánones e intereses. Régimen de las Entidades de Tenencia de Valores.
21 de julio: Dividendos. Comercio Electrónico.
22 de julio: Intercambio de Información. Conferencia de Clausura.
PROFESORES QUE HAN PARTICIPADO
EN EDICIONES ANTERIORES
CÉSAR GARCÍA NOVOA. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela. Abogado.
JACQUES MALHERBE. Profesor de la Universidad de Lovaina, Bélgica. Abogado.
PHILIPPE MARCHESSOU. Profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Robert-Schuman de Estrasburgo.
ABELARDO DELGADO PACHECO. Socio del despacho profesional GARRIGUES.
HELENO TAVEIRA TORRES. Profesor de Direito Tributário. Universidad de São Paulo y Pontificia Universidad Católica de São Paulo.
ALEJANDRO ALTAMIRANO. Profesor de Derecho Tributario de la Universidad Austral de Argentina. Abogado.
CATALINA HOYOS JIMÉNEZ. Profesora de Derecho Tributario de la Universidad del Rosario (Bogotá). Abogado.
JUAN PABLO GODOY. Profesor de Derecho Tributario de la Universidad del Rosario (Bogotá). Abogado.
JOSÉ MANUEL CALDERÓN CARRERO. Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de La Coruña.
LUIS MANUEL ALONSO GONZÁLEZ. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona.
ALFREDO GARCÍA PRATS. Profesor Titular de la Universidad de Valencia.
IGNACIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ. Inspector de Hacienda en excedencia. Jefe de la Asesoría Fiscal del grupo Inditex-Zara.
NÉSTOR CARMONA FERNÁNDEZ. Inspector de Hacienda del Estado. Subdirección General de Tributación de no residentes. Ministerio de Hacienda.
Mª BEGOÑA VILLAVERDE GÓMEZ. Profesora Contratada Doctora de Derecho Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela.
Mª ISABEL LIROLA DELGADO. Profesora Titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Santiago de Compostela.
MARTA VILLAR EZCURRA. Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad San Pablo-CEU. Madrid.
ÁNGELES GARCÍA FRÍAS. Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Salamanca. Letrada del Tribunal Constitucional.
JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ PICAZO. Abogado del despacho FJ-Martín.
JESÚS RODRÍGUEZ MÁRQUEZ. Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Vigo. Vocal asesor del Instituto de Estudios Fiscales.
MANUEL LUCAS DURÁN. Profesor Titular de Derecho Financiero y
Tributario de la Universidad de Alcalá de Henares.
PABLO CHICO DE LA CÁMARA. Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
PEDRO HERRERA MOLINA. Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid.
ALEJANDRO BLÁZQUEZ LIDOY. Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
ADOLFO MARTÍN JIMÉNEZ. Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Cádiz
ALEJANDRO GARCÍA HEREDIA. Profesor Ayudante Doctor de la Universidad de Cádiz.
JAIME SANMARTÍN FERNÁNDEZ. Inspector de Hacienda. Oficina Nacional de Inspección. Delegación de A Coruña.
FRANCISCO DE SOUSA DA CÁMARA. Profesor de Derecho Tributario de la Universidad de Lisboa. Abogado.
CARLOS DE PABLO VARONA. Profesor Titular de Derecho Financiero de la Universidad de Cantabria.
GEMMA PATÓN GARCÍA. Profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Castilla-La Mancha.
ENNIO LA SCALA. Profesor de la Universidad de Palermo (Italia).
ALBERTO LÓPEZ GÓMEZ. Abogado.
[1] Para la expedición del título es necesario satisfacer los derechos de expedición en la universidad de gestión académica.