Volumen: 06 - Número: 426   [2016-05-03]

Título del Boletín: Actualidad Tributaria 426 del 03-05-2016.

 

Boletín de Actualidad Tributaria 426

03-05-2016

 

Amigos de Nota Tributaria, cordial saludo

 

Por considerarlo de interés, se han procesado e incorporado a nuestra biblioteca los siguientes documentos:

 

NORMA NACIONAL

 

Circular Reglamentaria DCIN-83 Asunto 10, del 20-04-2016. Banco de la República. Régimen Cambiario - Declaraciones de Cambio - Dación en Pago - Inversiones Internacionales. Mediante modificación a la Circular DCIN-83 del 20 de abril de 2016, publicada en la misma fecha con el Boletín No. 17 de la Junta Directiva del Banco de la República, se modificaron entre otros los siguientes asuntos: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE BIENES, Capítulos 3 y 4: 1. Se aclara el procedimiento aplicable a las declaraciones de cambio transmitidas con el numeral cambiario de dación en pago. INVERSIONES INTERNACIONALES, Capítulos 7 y 11: 1. Se señala el procedimiento para acreditar la calidad de representante legal o apoderado del inversionista. 2. Se modifican los capítulos 7 y 11, habilitando el procedimiento de modificación mediante transmisión electrónica de los formularios 13 «Registro de Inversión Suplementaria al Capital Asignado y Actualización de Cuentas Patrimoniales - Sucursales del Régimen Especial» y 15 «Conciliación Patrimonial Empresas y Sucursales Régimen General». Así mismo, se ajustan tales formularios a las normas de internacionales información financiera (NIIF), en lo referente a las cuentas patrimoniales. 3. Se modifican los formularios de registro de inversiones internacionales adicionando, entre otros, la casilla de autorización para notificación por medios electrónicos, en los términos del artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

 

DOCTRINA NACIONAL

 

INFORME DE CONCEPTOS DIAN

 

Informe de Conceptos DIAN del mes de abril de 2016 Nota Tributaria. Relación de Conceptos DIAN recientemente expedidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, organizados por temas. (21 páginas).

 

CONCEPTOS DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES,  DE INTERÉS

 

Concepto 4024 de 2016. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Procedimiento - Presentación de Declaraciones - Declaraciones de Retención en la Fuente presentadas sin Pago - Expedición del Auto Declarativo - Requisitos - Cambio de Doctrina - Se Revoca Parcialmente el Concepto 30117 de 2014 - Vigencia de la Circular 66 de 2009 y Efectos de la Entrada en Vigencia del Artículo 136 de la Ley 1607 de 2012 - Corrección de Declaraciones - Extemporaneidad - Declaraciones presentadas en forma litográfica corregidas por medio electrónico. En el oficio 906 de 2013 no se manifestó de manera expresa, pero se puso en evidencia, que la forma de subsanar voluntariamente el error en el medio de presentación de declaraciones tributarias previamente a la expedición del auto declarativo, contenido en el numeral 2o de la Circular 66 de 2008, había perdido vigencia por el cambio normativo introducido por el artículo 136 de la Ley 1607 de 2012. // De otra parte cuando en el oficio 30117 de 2014 se indica que los numerales 1o y 2o de la mencionada circular 66 de 2009 se encuentran vigentes y que se puede "enmendar la falta en los términos previstos por los numerales 2.1 y 2.2 previamente reseñados", se incurre en una imprecisión, ya que los supuestos normativos que sirvieron para expedir la Circular 66 de 2008 y en particular su numeral 2o, esto es el artículo 579-2 del Estatuto Tributario, había sido objeto de modificación por el artículo 136 de la Ley 1607 de 2012. // De tal suerte que resulta demostrada la contradicción existente entre los oficios 906 de 2013 y 30117 de 2014, por cuanto en el segundo no se tuvo en consideración el artículo 136 de la Ley 1607 de 2012.

 

Concepto 5475 de 2016. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Retención en la Fuente - Impuesto sobre la Renta - Impuesto sobre las Ventas - Causación - Servicios Gravados - Servicio de Arrendamiento con Intermediación - Servicios Excluidos - Arrendamiento de Inmuebles para Vivienda - Servicios de Arrendamiento prestados por Inmobiliarias - Operaciones con Responsables del Régimen Simplificado - Arrendamiento de Inmuebles a Fundaciones - Procedimiento - Devoluciones - Devolución de Saldos a Favor. El servicio de arrendamiento de inmuebles para fines distintos a vivienda urbana se encuentra gravado, por tratarse de un impuesto de régimen general que grava la prestación de servicios gravados en el territorio nacional de acuerdo con el literal b) del artículo 420 del Estatuto Tributario. // De dicha regla general se exceptúa expresamente el arriendo de inmuebles destinados a la vivienda, de espacios para exposiciones y muestras artesanales nacionales incluidos los eventos artísticos y culturales, conforme con el numeral 5o del artículo 476 del mismo estatuto.

 

Concepto 5477 de 2016. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Impuesto sobre la Renta - Renta Presuntiva - Base para su Determinación - Fusión de Sociedades - Fusión Adquisitiva entre Sociedad Colombiana y Extranjera - Interpretación del Artículo 188 del Estatuto Tributario. Si la fusión adquisitiva se perfecciona en el año 1, la sociedad colombiana deberá calcular su renta presuntiva con base en el patrimonio líquido del año 0, año en el que aún no se había perfeccionado la fusión, razón por la cual no se computan los patrimonios líquidos para el ya mencionado año 1. Ahora bien, para el año 2 cuando ya se dio la fusión, se deberá calcular la renta presuntiva con base en el patrimonio líquido del año 1, cuando ya se podía establecer el patrimonio líquido de la sociedad que se encontraba en el extranjero.

 

Concepto 5945 de 2016. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Convenios Internacionales - Convenios para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal CDI - Convenio Colombia-España - Servicios de Asesoría Legal y Jurídica - Beneficios Empresariales - Retención en la Fuente a la Tarifa del 10% - Impuesto sobre la Renta - Servicios de Asistencia Técnica, Servicios Técnicos y de Consultoría - Servicios de Asesoría Legal y Jurídica - Cambio de Doctrina - Se Revoca el Concepto 5838 de 2015. En una coherente interpretación del convenio, se debe entender que el servicio de asesoría legal y/o jurídica se encuentra del marco conceptual de consultoría y, por lo tanto, estaría ajustado y correría la suerte de lo señalado en el artículo 12 del CDI, ya que calificarlo sin menoscabo como un beneficio empresarial, interrumpiría el objeto, contexto y propósito de lo señalado en el articulado del convenio. // Es así como este Despacho colige que el pago o abono en cuenta realizado por un residente en Colombia a un beneficiario efectivo -residente español- estaría sujeto a una tarifa de retención en la fuente del 10% del ingreso bruto pagado.

 

Concepto 6886 de 2016. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Impuesto sobre la Renta - Deducciones - Deducción por Inversiones Especiales - Incentivos a la Inversión en Proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía - Incentivos a la Generación de Energías No Convencionales FNCE - Impuesto sobre las Ventas - Bienes Excluidos - Adquisición de Equipos y Servicios para la Pre Inversión e Inversión en FNCE - Contratos de Leasing - Inversiones - Leasing Financiero - Leasing Operativo - Contratos de Respaldo. La adquisición de equipos, elementos y maquinaria y servicios para la pre inversión e inversión en FNCE, estarán excluidos de IVA, si los mismos se encuentran en la lista expedida por la UPME. // No se puede considerar inversión a la que se refieren los artículos 11 y 12 de la Ley 1715 de 2014, las operaciones de leasing operativo, habida cuenta que dicho contrato se asimila en sus condiciones al arrendamiento de equipo y no implica la transferencia de propiedad de los activos o inversión en los mismos.

 

Concepto 6889 de 2016. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Impuesto sobre la Renta - Costos y Gastos Financieros - Componente Inflacionario de los Rendimientos Financieros - Componente Inflacionario que con Constituye Costo - Determinación - Año Gravable 2014 - Interpretación y Aplicación del Artículo 81-1 del Estatuto Tributario. El componente inflacionario se obtiene de multiplicar el valor bruto de los intereses, costos o gastos por la proporción entre la tasa de inflación certificada por el DANE del respectivo ejercicio y la tasa promedio de colocación más representativa del mismo periodo certificada por la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera. // El componente inflacionario que se toma como valor para ser deducible no puede ser superior al valor efectivamente recibido; es decir, nunca puede ser superior al 100% de lo efectivamente recibido; pues, se refiere a un porcentaje que representa el incremento de valores con ocasión de intereses, costos o gastos.

 

Concepto 7109 de 2016. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Gravamen a los Movimientos Financieros - GMF - Cuatro por mil - Exenciones - Depósitos Electrónicos en Cuentas de Ahorro - Modificación del Numeral 1o del Artículo 879 del Estatuto Tributario. Para el caso de las personas naturales y solo tratándose del Depósito Electrónico en Cuenta de Ahorro lo dispuesto en el numeral 1o del Artículo 879 del Estatuto Tributario no excluye la exención contemplada en el parágrafo 4o del numeral 27 ibídem.

 

Concepto 7256 de 2016. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Impuesto sobre Renta y Ventas - Incentivos Tributarios - Inversiones en Control y Mejoramiento del Medio Ambiente - Exención de Gravámenes Arancelarios - Uso de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable FNCE - Certificación de Beneficio Ambiental - Diferencias de Exclusión del IVA del Artículo 12 de la Ley 1715 de 2014, Numeral 7o del Artículo 424 y de los Literales f) e i) del Artículo 428 - Interpretación de la frase "en concordancia" del inciso final del Artículo 11 de la Ley 1715 de 2014. Ley 1715 de 2014; Artículo 2.2.3.8.2.2 Decreto 2071 de 2015; Artículo 158-2 E.T.; Numeral 7o Artículo 424 E.T.; Artículo 428 E.T.; Artículo 23 Ley 383 de 1997; Artículo 338 C.N.; Decreto 2143 de 2015; Resolución 41430 de 2015; Resolución 186 de 2012.

 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

 

Sentencia C-209 de 2016. Expediente D-10885. Comunicado de Prensa. Corte Constitucional. Impuesto Nacional al Consumo - Hecho Generador - Servicios de Alimentación bajo Contrato - Tarifa del 8% - Inconstitucionalidad por Omisión Legislativa Relativa - Servicios de Alimentación Contratados por el Estado destinados a Instituciones de Asistencia Social - Fallo de Exequibilidad Condicionada - Principios Constitucionales Tributarios - Igualdad Tributaria - Equidad Tributaria - Justicia del Sistema Tributario. Con Salvamento de Voto de los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo y Gloria Stella Ortiz Delgado. FALLO: Declarar EXEQUIBLE, por el cargo examinado, la expresión “los servicios de alimentación bajo contrato”, contenida en el numeral 3 del artículo 71 de la Ley 1607 de 2012, en el entendido de que se exceptúan del impuesto nacional al consumo los celebrados por instituciones del Estado con recursos públicos y destinados a la asistencia social. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. NORMA DEMANDADA: Numeral 3 Artículo 71 Ley 1607 de 2012 "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones". (parcial). Le correspondió a la Corte Constitucional definir, si el legislador al gravar con el impuesto nacional al consumo los servicios de alimentación bajo contrato, equivalente a una tarifa del 8% vulneró los artículos 1º, 2º, 13, 44, 46, 47 y 363 de la Constitución, al no haber excluido a quienes por su condición económica o discapacidad no tienen acceso a los bienes y servicios básicos, que son aquellos contratos celebrados con recursos públicos y destinados a la asistencia social. En concreto, se cuestiona que la creación del impuesto se estableció de manera generalizada, sin excluir los contratos celebrados por entidades del Estado con recursos públicos y destinados a la asistencia social. Si bien el parágrafo 3º del artículo 71 de la Ley 1607 de 2012 previó algunas exclusiones (vgr. a nivel territorial en Amazonas y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y santa Catalina), no tuvo en cuenta los servicios de alimentos contratados por entidades como la Secretaría de Integración social de Bogotá, a favor de los sectores vulnerables de la ciudad o los prestados en comedores comunitarios. // La Corte determinó que la aplicación del impuesto al consumo a todos los servicios de alimentación bajo contrato, sin distinguir entre los distintos sujetos pasivos que estarían obligados a pagar dicho tributo, incluido el consumidor final, desconoce la filosofía que inspira el modelo constitucional del Estado social de derecho y en particular, la efectividad de los principios y derechos como la alimentación y el mínimo vital de la población vulnerable, el principio de progresividad de los derechos sociales, así como los principios de equidad y justicia del sistema tributario, toda vez que el impuesto nacional al consumo gravó indiscriminadamente los servicios de alimentación bajo contrato, sin excluir expresamente a ciertos sectores vulnerables de la población. // Observó que en los impuestos indirectos como el de consumo el sujeto pasivo de iure como responsable jurídico del impuesto traslada integralmente el peso del gravamen al consumidor final, que es el sujeto pasivo de facto o socioeconómico del impuesto. En la práctica, resultan gravados los recursos públicos que las entidades de asistencia social destinan a la compra de alimentos por contratación, con la consecuencia de disminuir el monto efectivo destinado a cubrir las necesidades básicas de la población vulnerable, dado que están gravados con una tarifa del 8% que encarece el servicio. De esta manera, los programas de asistencia social alimentaria desarrollados por entidades del Estado vendrían a perder capacidad de ampliación, al establecerse un tributo que terminan incrementando el valor de los contratos de prestación del servicio de alimentación. // Para la Corte, no se encuentran razones que justifiquen que dentro de las exenciones del impuesto al consumo, el legislador no haya previsto el servicio de alimentación por contrato financiado por el Estado destinado a las instituciones de asistencia social. Un enfoque centrado en el derecho a la igualdad y los principios de equidad y justicia del sistema tributario lleva a concluir que las excepciones que se previeron en la norma acusada, desconocieron estos postulados constitucionales, al no haberlo establecido para el servicio de alimentos por contrato en la hipótesis señalada. Al mismo tiempo, se desconoció el principio de homogeneidad, según el cual, toda exclusión tributaria debe aplicarse por igual a los contribuyentes que se encuentren en el mismo supuesto de hecho, sin distinciones injustificadas, so pena de vulnerar el derecho a la igualdad y el principio de equidad tributaria. Por consiguiente, la omisión legislativa relativa que se configura en la norma acusada, condujo a una declaración de exequibilidad condicionada de la expresión demandada que hace parte del numeral 3 del artículo 71 de la Ley 1607 de 2012, en el sentido de excluir del impuesto al consumo, los servicios de alimentación por contrato celebrados por instituciones del Estado con recursos públicos destinados a la asistencia social.

 

Sentencia C-210 de 2016. Expediente LAT-435. Comunicado de Prensa. Corte Constitucional. Convenios Internacionales - Convenios Comerciales - Acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial celebrado entre Colombia y Venezuela - Control de Constitucionalidad de Ley Aprobatoria de Tratado - Control de Constitucionalidad de la Ley 1722 de 2014 por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela”, suscrito en Caracas, el 28 de noviembre de 2011 y de seis anexos con sus respectivos apéndices, suscritos en Cartagena, el 15 de abril de 2012. FALLO: Primero.- Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela”, suscrito en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 28 de noviembre de 2011 y de seis anexos con sus respectivos apéndices, suscritos en Cartagena, República de Colombia el 15 de abril de 2012. // Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1722 de 2014, aprobatoria del “Acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela”. M.P. María Victoria Calle Correa. Luego de examinar el trámite gubernamental del “Acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela” y de la Ley 1722 de 2014 aprobatoria del mismo en las cámaras legislativas, la Corte concluyó que se cumplieron en debida forma, las etapas, procedimiento y requisitos establecidos en la Constitución y en la ley, para la suscripción de tratados internacionales y su aprobación por el Congreso. // En cuanto al contenido material del Acuerdo y sus seis anexos, la Corte encontró que se ajustan a los preceptos constitucionales. Se trata de un instrumento acordado en el marco de un proceso de integración económica regional entre los países de América Latina que comenzó con la creación de la Asociación Americana de Libre Comercio, ALALC (1960). Venezuela se retiró de otro escenario de integración económica subregional, la Comunidad Andina de las Naciones, CAN, el 22 de abril de 2006. No obstante, suscribió con los demás países miembros de la Comunidad, un Memorando de Entendimiento, en donde se comprometió a mantener las ventajas comerciales recibidas y otorgadas por un plazo que finalizó el 22 de abril de 2011. En este contexto, es que se suscribe el Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre Colombia y Venezuela, como un instrumento orientado a mantener las condiciones para un fluido intercambio comercial entre estos dos países vecinos. Según lo informan los Ministerios de Relaciones Exteriores de Colombia y de Comercio, Industria y Turismo, la celebración de este tratado y su publicación provisional (Decreto 1860 de 2012) ha contribuido a la recuperación de las relaciones de intercambio recíprocas y ha sido un factor decisivo en el crecimiento de la balanza comercial con el país vecino. // La revisión específica del articulado del tratado, permitió a la Corte establecer que se ajusta en su integridad a la Carta Política, toda vez que con él se da cumplimiento al mandato de integración económica prioritaria con los países de América Latina y del Caribe, sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad (art. 227 C.Po.). De manera particular, la corporación analizó la cláusula de aplicación provisional del Acuerdo, de conformidad con el artículo 224 de la Constitución, encontrando que respetó los lineamientos establecidos en la jurisprudencia a este respecto y en especial, en la sentencia C-280 de 2014. // En consecuencia, el Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial suscrito entre Colombia y Venezuela y sus anexos, así como la Ley 1722 de 2016 fueron declarados exequibles, tanto en su aspecto formal, como material.

 

Sentencia C-204 de 2016. Expediente D-10992. Comunicado de Prensa. Corte Constitucional. Monopolios Rentísticos - Juegos de Suerte y Azar - Destinación a los Departamentos y Distrito Capital de los Derechos de Explotación de Juegos de Lotería Instantánea y Lotto Impreso - Finalidad de la Ley 1393 de 2010 "Por la cual se definen rentas de destinación específica para la salud, se adoptan medidas para promover actividades generadoras de recursos para la salud, para evitar la evasión y la elusión de aportes a la salud, se redireccionan recursos al interior (sic) del sistema de salud y se dictan otras disposiciones" - Principio de Unidad de Materia - Reglas y Subreglas Jurisprudenciales - Autonomía de las Entidades Territoriales. FALLO: Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados en la presente sentencia, el artículo 17 de la Ley 1393 de 2010 “Por la cual se definen rentas de destinación específica para la salud, se adoptan medidas para promover actividades generadoras de recursos para la salud, para evitar la evasión y la elusión de aportes a la salud, se redireccionan recursos al interior (sic) del sistema de salud y se dictan otras disposiciones”. M.P. Alejandro Linares Cantillo. NORMA DEMANDADA: Artículo 17 Ley 1393 de 2010 "Por la cual se definen rentas de destinación específica para la salud, se adoptan medidas para promover actividades generadoras de recursos para la salud, para evitar la evasión y la elusión de aportes a la salud, se redireccionan recursos al interior (sic) del sistema de salud y se dictan otras disposiciones". En aplicación de las reglas y subreglas jurisprudenciales sobre el principio de unidad de materia, reserva de ley orgánica y margen de configuración del legislador en relación con los monopolios rentísticos de juegos de suerte y azar, la Corte que determinó en primer lugar, que la asignación de competencias en cabeza de una entidad territorial de segundo nivel, para efectos de recaudar los recursos provenientes de la explotación de lotería instantánea y el lotto preimpreso, en una ley que tiene como propósito fortalecer los recursos destinados a la salud, no vulnera el principio de unidad de materia consagrado en el artículo 158 de la Constitución, por cuanto: (i) el principio de unidad de materia no puede ser interpretado de manera rígida, en la medida en que el legislador cuenta con un amplio margen de configuración en materia de monopolios rentísticos de juegos de suerte y azar; (ii) al precisar el alcance material de la ley parcialmente demandada, se observa que la Ley 1393 de 2010 surgió en medio de un déficit de recursos para la atención del sistema de salud, razón por la cual se adoptaron medidas tendientes a obtener recursos y redireccionar los mismos en el sistema; y (iii) el inciso segundo del artículo 17 guarda con la materia de la Ley 1393 de 2010 una relación de conexidad causal, temática, sistemática y teleológica, por lo cual su incorporación en su texto es justificada. // En segundo lugar, la corporación consideró que la inclusión de los departamentos y del Distrito Capital como beneficiarios o sujetos pasivos de los derechos de explotación de los mencionados juegos de suerte y azar, en una ley ordinaria, no desconoce la reserva de ley estatutaria prevista en el artículo 151 de la Carta Política, toda vez que la Ley 643 de 2001, por la cual se fija el régimen propio del monopolio de los jueces de suerte y azar, no tiene la naturaleza de ley orgánica, en cuanto a su finalidad, materia y requisitos constitucionales. // En tercer lugar, la Corte estableció que conferir a una entidad de segundo grado la facultad de contratar al tercero operador del juego de lotto preimpreso y loto instantáneo, no contraviene lo dispuesto en el artículo 336 de la Constitución, habida cuenta del amplio margen de configuración legislativa en relación con los monopolios rentísticos. Por lo tanto, la determinación y el régimen propio aplicable a dichos monopolios puede ser diseñado de forma libre por el legislador, sin que por ello se afecte la autonomía de las entidades territoriales. La Corte aclaró que una vez que las entidades cuenten con recursos asignados y recaudados, gozarán de la protección establecida en el artículo 362 de la Carta.

 

Sentencia C-203 de 2016. Expediente D-10906. Comunicado de Prensa. Corte Constitucional. Contrabando - Finalidad de su Penalización - Principio de Legalidad de las Penas - Tipicidad de la Conducta - Debido Proceso - Libertad de Empresa - Cosa Juzgada - Estarse a lo Resuelto en Sentencia C-191 de 2016. Con Aclaraciones de Voto de los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva, María Victoria Calle Correa, Alejandro Linares Cantillo y Jorge Iván Palacio Palacio. FALLO: Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-191 de 2016, que declaró exequible el artículo 4º de la Ley 1762 de 2015, por el cargo de violación del principio de legalidad. // Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 4º de la Ley 1762 de 2015, por el cargo de violación del principio de razonabilidad. M.P. Alberto Rojas Ríos. NORMAS DEMANDADAS: Artículos 1, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 16, parágrafo 2º, 50 y 52 de la Ley 1762 de 2015 "Por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal" ; Artículo 4o Ley 1762 de 2015. En el presente caso, la demanda de inconstitucionalidad se había dirigido contra los artículos 1, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 16, parágrafo 2º, 50 y 52 de la Ley 1762 de 2015, por la presunta vulneración del debido proceso, el principio de buena fe, la libertad de empresa y los principios constitucionales de unidad de materia, igualdad y proporcionalidad. La demanda solo fue admitida en relación con el artículo 4º de la citada ley, por los cargos de tipicidad, razonabilidad e igualdad. Al precisar los problemas jurídicos a dilucidar, la Corte estableció que consistían en determinar: (i) si el legislador violó el principio de legalidad penal, en la medida que al tipificar el delito de contrabando, empleó, entre otros verbos rectores, el de “disimular”, el cual resulta vago e indeterminado; y (ii) si la tipificación del delito de contrabando en la Ley 1762 de 2015, vulnera el principio de razonabilidad, ya que determinadas conductas allí descritas no merecen un reproche penal similar al que tienen los delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales. // En relación con el primer problema jurídico, la Corte se abstuvo de emitir un nuevo pronunciamiento, puesto que constató que había operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, habida cuenta que en la sentencia C-191 de 2016 este tribunal declaró exequible el artículo 4º de la Ley 1762 de 2015, por los cargos analizados, uno de ellos, la vulneración del principio de legalidad y en particular, respecto de los verbos rectores del tipo penal impugnado. // En cuanto al segundo cargo, la Corte efectuó un examen de fondo, en el cual tuvo en cuenta a) los propósitos perseguidos en la aprobación de la Ley 1762 de 2015; b) los pronunciamientos del tribunal constitucional en materia de contrabando; c) el margen de configuración y los límites constitucionales que tiene el Congreso de la República en materia de tipificación de delitos; y d) el principio de razonabilidad en materia penal. Luego de examinar estas cuestiones, la Corte concluyó que el artículo 4º de la Ley 1762 de 2014 no vulnera el principio de razonabilidad penal, en cuanto la tipificación penal del contrabando no configura un exceso punitivo en relación con otras conductas delictivas como el narcotráfico y el lavado de activos y persigue un fin legítimo, cual es, la protección de diversos bienes jurídicos amparados, en especial, el orden económico y social, siendo además, una medida idónea y necesaria para alcanzar tal propósito. // En efecto, la Corte observó que el contrabando, desarrollado en gran escala, afecta gravemente al sector productivo colombiano, en la medida en que los industriales y agricultores deben entrar a competir en condiciones de marcada desventaja, dado que sus productos deben ser vendidos a un mayor precio, debido a la carga tributaria que les toca asumir. A la vez, el impacto fiscal de las empresas que compiten legalmente, se refleja en la reducción de la participación en el mercado, la disminución de sus utilidades, la pérdida de empleos, entre otros efectos. De igual manera, el contrabando afecta gravemente las finanzas del Estado colombiano en dos niveles: nacional y departamental, puesto que dejan de percibirse importantes recursos provenientes de aranceles, impuesto al valor agregado, renta e impuestos sobre cigarrillos y ligeros. Adicionalmente, advirtió que en ocasiones, las actividades de contrabando son utilizadas por estructuras del crimen organizado, vinculadas con el blanqueo de capitales. // Por consiguiente, el cargo de inconstitucionalidad formulado por violación del principio de razonabilidad no estaba llamado a prosperar.

 

Sentencia C-206 de 2016. Expediente D-11032. Comunicado de Prensa. Corte Constitucional. Recurso Extraordinario de Casación - Cuantía para Recurrir - Fallo Inhibitorio por Inepta Demanda. Con Salvamento de Voto del Magistrado Alberto Rojas Ríos. FALLO: La Corte se declaró INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con la constitucionalidad de la expresión “un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv)”, contenida en el artículo 338 de la Ley 1564 de 2012, por ineptitud sustancial de la demanda. M.P. Alejandro Linares Cantillo. NORMA DEMANDADA: Artículo 338 Ley 1564 de 2012 "Por la cual se expide el Código General del Proceso". La Corte encontró que los cargos formulados contra la expresión del artículo 338 del Código General del Proceso que establece la cuantía para recurrir en casación, carecían de la claridad, especificidad y suficiencia que se requiere para que la Corte pueda contar con los elementos mínimos de juicio para llevar a cabo un examen y decisión de fondo sobre la constitucionalidad de la disposición demandada. // En este caso, los demandantes consideran que la fijación de una cuantía superior de un mil salarios mínimos legales vigentes vulnera el Preámbulo y los artículos 2º, 29 y 229 de la Constitución. Sin embargo, respecto del Preámbulo y del artículo 2º de la Carta, los ciudadanos no exponen las razones específicas por las cuales la cuantía fijada por la ley para recurrir en casación desconoce el contenido del Preámbulo, ni en qué consiste la infracción constitucional de la justicia en que incurriría la norma acusada. Su argumentación se centra en calificar como “elitista” el valor establecido por el legislador, por considerarlo un monto injustificado y desproporcionado, pero sin que expliquen cuáles son las razones en que sustentan su afirmación. Se limitan a plantear una confrontación con una norma legal, un artículo del Código de Procedimiento Civil, sin aportar los elementos de juicio que demostrarían por qué la cuantía fijada para interponer el recurso extraordinario de casación no tiene justificación y resulta desproporcionada. De otra parte, para fundamentar el desconocimiento de los artículos 29 y 229 superiores, en cuanto consideran que se vulnera el derecho de acceso a la justicia, los demandantes se limitan a señalar los preceptos constitucionales que estiman violados y a citar apartes de la jurisprudencia de la Corte sobre el debido proceso, pero sin señalar razones claras, específicas y suficientes para suscitar una duda mínima acerca de la constitucionalidad de la norma acusada. En estas condiciones, la Corte se abstuvo de proferir una decisión de fondo. // Salvamento de voto. El magistrado Alberto Rojas Ríos manifestó su salvamento de voto en relación con la anterior decisión inhibitoria, toda vez que en su concepto, la demanda contenía unos elementos mínimos que le permitían a la Corte emitir una sentencia de fondo sobre la posible vulneración del derecho de acceso a la justicia, al establecer una cuantía que resulta desproporcionada frente a las finalidades superiores que persigue el recurso de casación. A su juicio, los demandantes plantearon en debida forma los cargos por vulneración del valor de la justicia y del derecho fundamental de acceso a ella. En efecto, para analizar si en la fijación de la cuantía para recurrir en casación, el legislador obró en contravía de la Constitución, bastaba confrontar el desarrollo de su facultad de configuración en materia procesal con las finalidades de la casación, necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida, para concluir si resultaba o no razonable y proporcionada. Para ello, solo había que recordar que la casación se instituyó con los propósitos de (i) defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, (ii) lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, (iii) proteger los derechos constitucionales, (iv) controlar la legalidad de los fallos, (v) unificar la jurisprudencia nacional y (vi) reparar los agravios irrogados a las partes con ocasión de la providencia recurrida. Admitida la demanda en el presente caso, en criterio del magistrado Rojas Ríos procedía el examen y decisión sobre la constitucionalidad de la medida legal, por cuanto la Corte contaba, a partir de la demanda, con elementos suficientes para ello.

 

Sentencia C-208 de 2016. Expediente D-10970. Comunicado de Prensa. Corte Constitucional. Contrabando - Proceso de Formación de la Ley 1762 de 2015 “Por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal - Trámite Legislativo - Principios de Publicidad y Unidad de Materia. FALLO: Primero.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1762 de 2015, por los cargos analizados en esta sentencia. // Segundo.- INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo acerca del resto de los cargos presentados por la demanda de la referencia en contra de la Ley 1762 de 2015, por no fundarse en razones susceptibles de ser analizadas en sede de constitucionalidad. M.P. María Victoria Calle Correa. NORMA DEMANDADA: LEY 1762 DE 2015, “Por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal”. Examinado el trámite cursado en el Congreso por la Ley 1762 de 2015, la Corte constató que no se había violado el principio de publicidad al dejar de publicar en el Acta del debate en Comisión y en la Gaceta del Congreso en la que se publicó dicha Acta, el texto del proyecto de ley que fue aprobado en debate en Comisión, cuando el texto en cuestión sí fue publicado en una Gaceta del Congreso diferente, incluyendo las modificaciones que fueron introducidas y las razones para ello. // De igual modo, la corporación determinó que el Congreso de la República no desconoció las reglas de competencia de las comisiones constitucionales permanentes, al tramitar un proyecto de ley que tiene un objeto complejo que aborda diversas áreas del derecho, por medio de comisiones que se ocupan especialmente de esos asuntos o los temas más afines y prevalentes del proyecto de ley de que se trate. // Por otro lado, el tribunal constitucional reiteró que la violación del principio de unidad de materia consagrado en el artículo 158 de la Carta Política sólo puede predicarse de aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales, razonable y objetivamente, no sea posible establecer una relación de conexidad temática, causal, teleológica, sistémica o por consecuencia, con la materia dominante de la misma. Por tal motivo, el legislador no vulneró el principio de unidad de materia al haber aprobado una ley con el objeto de “prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal” , como se estableció en la Ley 1762 de 2015, por el solo hecho de haber introducido una diversidad de temas tales como reformas al Código de Comercio, al cobro del impuesto al consumo y las sanciones por el no pago, puesto que se trata de cuestiones que guardan de una u otra manera, conexidad, con la materia principal de la ley. // Por último, la Corte se inhibió en relación con los demás cargos de inconstitucionalidad que se formularon contra la Ley 1762 de 2015, relativos al desconocimiento de las reglas de votación en el Congreso, la reserva de ley estatutaria y ley orgánica, las competencias del Gobierno Nacional en materia aduanera, los principios de tipicidad, non bis in ídem y derecho penal mínimo, en atención a que no cumplieron con los requisitos que se exigen para emitir una decisión de fondo.

 

Nota Tributaria

www.notatributaria.com

Síganos en twitter: