Volumen: 06 - Número: 425   [2016-05-02]

Título del Boletín: Actualidad Tributaria 425 del 02-05-2016.

 

Boletín de Actualidad Tributaria 425

02-05-2016

 

Amigos de Nota Tributaria, cordial saludo

 

Por considerarlo de interés, se han procesado e incorporado a nuestra biblioteca los siguientes documentos:

 

DOCUMENTOS

 

Comunicado de Prensa del 30-04-2016. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Entrada en Vigencia del Acuerdo Alianza del Pacífico. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN se permite informar que el 1o de mayo de 2016 entra en vigencia el Acuerdo ALIANZA DEL PACÍFICO, Expedición Certificado de Origen. // El trámite para la presentación y expedición de los certificados de origen bajo el marco del Acuerdo Alianza del Pacífico (Código 292) se debe realizar manualmente, mientras sale en producción en el aplicativo de origen, para ello se debe diligenciar en todas sus partes la solicitud de certificado origen, el cual debe estar debidamente firmado por el exportador o quien actúe en su nombre, de acuerdo al mandato que lo faculta. // Con el fin de agilizar la aprobación del Certificado de Origen, es importante registrar el número de la declaración juramentada en la casilla de observaciones del Certificado de Origen y presentar tres ejemplares de éste, junto con la factura comercial en la Dirección Seccional DIAN que por logística le favorezca al usuario. // El Certificado de Origen con su respectivo instructivo y anexos, se encuentra en el siguiente Link: http://www.dian.gov.co/dian/20dian-virtual.nsf/pages/Contingencia_sistema_de_origen  Es de señalar, que el Anexo 1 – Listado de Productores Certificado de Origen – Alianza del Pacífico se debe utilizar cuando el Certificado de Origen ampare mercancías de más de un productor, y el Anexo 2 – Descripción de las mercancías Certificado de Origen Alianza del Pacífico, cuando se requiere espacio para agregar más ítems de mercancías.

 

Boletín Informativo Contable. Superintendencia de Sociedades. Orientación relacionada con la Aplicación de los Nuevos Marcos de Referencia Contable y de Aseguramiento, dirigido a Administradores, Revisores Fiscales y Profesionales de la Contaduría Pública de las Sociedades Comerciales, Sucursales de Sociedad Extranjera y Empresas Unipersonales sometidas a la Inspección y Vigilancia de la Superintendencia de Sociedades. Normas Internacionales de Información Financiera NIIF - Aspectos Generales a tener en cuenta para la Aplicación de los Nuevos Marcos Normativos - Situación Actual de los Preparadores de Situación Financiera en el Proceso de Convergencia - Reportes a la Superintendencia de Sociedades con fines de Supervisión - Responsabilidad de los Administradores en la Aplicación de los Marcos Normativos - Responsabilidad de los Revisores Fiscales - Aspectos Técnicos Contables - Ganancias Acumuladas - Reconocimiento de Pérdidas o Ganancias Derivadas de Activos medidos al Valor Razonable - Causales de Disolución - Ejercicios Prácticos. El presente documento pretende servir de orientación a los responsables de preparar y presentar la información financiera en las sociedades comerciales, empresas unipersonales y sucursales extranjeras (en adelante conjuntamente denominadas “entidades empresariales”) sometidas a inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades. Esta orientación se cumple dentro del marco de una supervisión constructiva, con miras a facilitar la aplicación de los marcos de referencia contable y de aseguramiento vigentes, respecto de algunos aspectos técnico contables, con fundamento en el artículo 10 de la Ley 1314 de 2009 // Este documento se emite, especialmente, con base en las normas contables, de información financiera y de aseguramiento vigentes y los conceptos y orientaciones técnicas emitidas por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (En adelante CTCP).

 

NORMAS NACIONALES

 

Decreto 713 de 2016. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Por el cual se desarrollan los compromisos de Acceso a los Mercados Adquiridos por Colombia en virtud del Protocolo Adicional Marco de la Alianza del Pacífico firmado en Cartagena de Indias República de Colombia el 10 de febrero de 2014. Convenios Internacionales - Alianza del Pacífico - Importaciones - Eliminación Arancelaria - Efectos Jurídicos de la Entrada en Vigencia del Acuerdo del Pacífico a partir del 1o de mayo de 2016 - Lista de Desgravación - Zona de Libre Comercio - Derechos y Obligaciones - Cronograma de Eliminación o Desgravación Arancelaria de las Mercancías. El presente Decreto tiene por objeto, desarrollar los compromisos de acceso a los mercados adquiridos por Colombia en virtud del "Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico" firmado en Cartagena de Indias República de Colombia, el 10 de febrero de 2014. // Las importaciones de mercancías originarias de los países de la Alianza del Pacífico pagarán los Aranceles Aduaneros resultantes de Aplicar las Reglas Establecidas en el presente Decreto. // La eliminación Arancelaria será la que se establezca en la Lista de Desgravación establecida en el Anexo 3.4 del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico que se incorpora en el artículo 7 de este Decreto. // El Arancel aplicable a las Mercancías Importadas originarias de los países miembros de la Alianza del Pacífico, será aquel contenido en la Lista de Eliminación Arancelaria de Colombia.

 

Decreto 678 de 2016. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Por el cual se establecen las reglas para la asunción de la función pensional de las Zonas Francas Industriales y Comerciales de Barranquilla, Cartagena y Palma seca por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP y el Pago del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional FONPEP. A partir del 29 de abril de 2016, las competencias asignadas al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en relación con la función pensional, que incluye el reconocimiento y administración de las nóminas de pensionados de las Zonas Francas Industriales y Comerciales de Barranquilla, Cartagena y Palma seca serán asumidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

 

Circular Externa 16 de 2016. Superintendencia Financiera de Colombia. Instrucciones en materia del deber de asesoría para que proceda el traslado de afiliados entre regímenes pensionales y se adiciona información a los extractos de los afiliados al Régimen de Prima Media con Prestación Definida.// Para Representantes Legales, Revisores Fiscales de las Entidades Administradoras del Sistema General de Pensiones. Con el fin de garantizar que las decisiones de traslados entre regímenes pensionales que realizan los afiliados del Sistema General de Pensiones (SGP) se caractericen por el oportuno y adecuado suministro de información en el marco de la asesoría por parte de las administradoras de los regímenes pensionales, considerando los requerimientos operativos que demanda la implementación del procedimiento para el traslado de afiliados entre regímenes y priorizando a los afiliados que su derecho de traslado está próximo a cumplirse, esta Superintendencia, en ejercicio de las facultades señaladas en el artículo 9º de la Ley 1328 de 2009, adicionado por el parágrafo 1º del artículo 2º de la Ley 1748 de 2014, y en los artículos 2.6.10.2.3 y 2.6.10.4.2 del Decreto 2555 de 2010, imparte las siguientes instrucciones.

 

Directiva Presidencial 02 de 2016. Presidencia de la República. Atención de Controversias Internacionales de Inversión. La presente Directiva está dirigida a todas las entidades públicas, servidores públicos y particulares que cumplan funciones públicas o ejerzan actividades de apoyo a la gestión pública frente al manejo de la información y comunicaciones en el evento de una controversia internacional de inversión existente o eventual. Esta Directiva abarca también a las Misiones y Representaciones Diplomáticas de Colombia en el Extranjero. // Los Funcionarios Públicos cuyas funciones implican relacionarse con inversionistas extranjeros deben cursar capacitaciones orientadas a conocer las obligaciones derivadas de los Acuerdos Internacionales de Inversión, con el fin de disminuir los riesgos asociados a este tipo de controversias, capacitaciones a las cuales podrán acceder por medio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

 

PROYECTO NORMATIVO

 

Proyecto de Decreto del 27-04-2016. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por el cual se modifica el Artículo 4o del Decreto 2418 de 2013 en lo relacionado con la Retención en la Fuente en Operaciones de Reporto o Repo, Simultáneas y Transferencia Temporal de Valores. Retención y Autorretención en la Fuente - Tarifa - Operaciones Repo o Reporto. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN divulga el Proyecto de Decreto: "Por el cual se modifica el Artículo 4o del Decreto 2418 de 2013 en lo relacionado con la Retención en la Fuente en Operaciones de Reporto o Repo, Simultáneas y Transferencia Temporal de Valores."// "Al evaluar lo estipulado inicialmente en el artículo 4° del Decreto 2418 de 2013, puede establecerse que el costo operativo derivado del anticipo del impuesto de renta para las operaciones repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores que se genera para los intermediarios y los proveedores de infraestructura que intervienen en su recaudo, impacta actualmente el desarrollo y liquidez de dichas operaciones." // “Modifícase el numeral 3 del artículo 4 del Decreto 2418 de 2013, el cual quedará así: “3. La tarifa de retención y de autorretención en la fuente aplicable a estas operaciones será del cero por ciento (0%). No obstante lo anterior, la utilidad neta de cada operación estará sometida al impuesto sobre la renta y complementarios y al impuesto sobre la renta para la equidad-CREE, según sea el caso. Los intermediarios de valores deberán certificar a sus clientes la utilidad neta de cada operación.”// La Entidad recibirá comentarios, observaciones y sugerencias del 29 de abril al 3 de mayo de 2016, en el correo electrónico: [email protected] 

 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

 

Sentencia C-191 de 2016. Expediente D-10965. (Comunicado de Prensa). Corte Constitucional. Sanciones Penales - ius puniendi - Contrabando, Favorecimiento y Facilitación del Contrabando - Fraude Aduanero - Lavado de Activos - Régimen Sancionatorio Común para Productos Sometidos al Impuesto al Consumo de Cervezas, Sifones y Refajo, al Impuesto al Consumo de Licores, Vinos y Aperitivos y Similares y al Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco Elaborado - Sanciones por Evasión del Impuesto al Consumo - Decomiso de las Mercancías - Extensión de Normas de Aprehensión y Decomiso de Medios de Transporte - Competencia de los Departamentos y Municipios para Aprehender y Decomisar Mercancías sometidas al Impuesto al Consumo - Derecho de Defensa - Derecho de Libertad Económica. Con Salvamentos de Voto de los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado y Alberto Rojas Ríos y Aclaraciones de Voto de los Magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado y Jorge Iván Palacio Palacio. FALLO: Primero.- Declarar EXEQUIBLES los incisos primero, segundo y tercero del artículo 4º de la Ley 1762 de 2015, por lo cargos analizados. // Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 6º de la Ley 1762 de 2015, por los cargos analizados. // Tercero.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “por cualquier medio” contenida en el artículo 8º de la Ley 1762 de 2015. // Cuarto.- Declarar EXEQUIBLES los apartes demandados del inciso primero del artículo 11 de la Ley 1762 de 2015, por los cargos analizados, salvo la expresión “o realice cualquier otro acto para encubrir su origen ilícito” prevista en la misma norma, la cual se declara INEXEQUIBLE. // Quinto.-Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados, los apartes demandados de los artículos 14 y 15 de la Ley 1762 de 2015. // Sexto.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 51 de la Ley 1762 de 2015, por los cargos analizados. M.P. Alejandro Linares Cantillo. NORMAS DEMANDADAS: Artículos 4o, 6o, 8o, 11, 14, 15 y 51 de la Ley 1762 de 2015 (parciales). "Por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal". Los problemas jurídicos que le correspondió resolver a la Corte Constitucional en este caso consistieron en definir (i) si el legislador excedió los límites constitucionales que tiene el ejercicio del ius puniendi del Estado, al tipificar los delitos de contrabando, favorecimiento y facilitación del contrabando, fraude aduanero y lavado de activos y (ii) si las normas demandadas desconocen lo previsto en los artículos 29 y 34 de la Constitución, al admitir el decomiso y la aprehensión de mercancías y medios de transporte por parte de autoridades administrativas, sin sentencia judicial previa, al margen del procedimiento establecido en la ley para la extinción de dominio y sin atención al principio de culpabilidad. // Después de confrontar los tipos penales enunciados con los límites constitucionales que tiene el margen de configuración legislativa en materia penal, la Corte concluyó que los incisos primero, segundo y tercero del artículo 4º, el artículo 6º y la expresión “por cualquier medio” del artículo 8º de la Ley 1762 de 2015, respetan el principio de necesidad de las penas que exige lesividad, subsidiariedad y carácter última ratio de la intervención penal. A su juicio, la tipificación de los delitos de contrabando, favorecimiento y facilitación del contrabando y fraude aduanero, resulta de una política criminal que ha mostrado el recurso paralelo como insuficiente y que medidas de otro tipo frente a la gravedad de los atentados a bienes jurídicos constitucionalmente relevantes, exigen una respuesta más contundente de tipo penal. // Contrario a lo que plantearon los demandantes, el tribunal constitucional determinó que la tipificación del delito de favorecimiento y facilitación del contrabando no configura una restricción desproporcionada de la libertad económica. Aplicado el test de razonabilidad y proporcionalidad, concluyó que la libertad económica no es absoluta y que las finalidades de la norma son válidas desde el punto de vista constitucional, en cuanto pretenden proteger el orden público económico. Además, consideró que el instrumento penal es adecuado para determinar un límite razonable a la libertad económica que consiste en la legalidad de la actividad. Así mismo, la Corte estableció que el legislador no desconoció el principio de legalidad de los delitos y de las penas al fijar los verbos rectores de los delitos de contrabando, favorecimiento y facilitación del contrabando y lavado de activos, en la medida en que dichas expresiones verbales no son vagas e imprecisas, sino que deben ser entendidas en su sentido semántico usual. Sin embargo, en relación con la expresión “realice cualquier otro acto” prevista en la tipificación del lavado de activos, la Corte procedió a declararla inexequible por tratarse de una disposición indeterminada que desconoce el principio de legalidad estricta que exige la tipificación de las conductas punibles, como quiera que el legislador no puede dejar en cabeza del fiscal y del juez penal la identificación de nuevas conductas que puedan encuadrar en ese delito. La apertura a comportamientos reprochables no definidos por el legislador, resulta contraria al principio de legalidad en su componente de ley cierta. // De otra parte, la Corte determinó que la expresión “valor aduanero” uno de los elementos del delito de contrabando, no desconoce el mandato de tipicidad, toda vez que este ingrediente normativo se completa con la remisión que la ley hace a normas precisas que permiten determinar dicho valor respecto de las mercancías. De igual modo, la expresión “por cualquier medio” prevista en la descripción del delito de fraude aduanero, no vulnera la exigencia de tipicidad de la conducta punible, por cuanto los verbos rectores se encuentran claramente delimitados y su establecimiento solamente pretende precisar que resulta indiferentes los medios utilizados para suministrar información falsa, manipularla u ocultarla cuando sea requerida por la autoridad aduanera o cuando se esté obligado a entregarla por mandato legal, con la finalidad de evadir total o parcialmente el pago de los tributos, derechos o gravámenes aduaneros en las cuantías establecidas en el mismo artículo demandado. // Así mismo, a juicio de la corporación, la tipificación del delito de favorecimiento y facilitación de contrabando no contraría el principio de confianza legítima, ya que las autoridades colombianas de manera coherente, sistemática y permanente despliegan, desde hace mucho tiempo, actividades tanto de control, como de persecución, tendientes a combatir la actividad del contrabando. Observó, que la confianza legítima sólo protege convicciones basadas en la buena fe, lo que es contrario al elemento doloso que se exige en la realización de estas conductas. // En relación con la posible vulneración del principio non bis in ídem por prever como delitos fuente o delitos subyacentes del lavado de activos, el contrabando y el favorecimiento y facilitación del contrabando, la Corte determinó que cada uno de estos delitos reprime comportamientos suficientemente individualizados y por lo tanto, su realización puede generar un posible concurso de delitos. Por tratarse de descripciones típicas diferentes en cuanto a su acción y objeto sobre el cual recaen, consideró que no desconocen la prohibición de bis in ídem. No obstante, es al fiscal y al juez, a quienes corresponde en cada caso concreto, aplicar las reglas relativas al concurso de delitos, en particular, las de subsidiariedad y consunción en materia penal, para garantizar el principio non bis in ídem. // Por último, en lo que concierne a los cargos formulados contra los artículos 14, 15 y 51 de la Ley 1762 de 2015, por la presunta vulneración del debido proceso, en cuanto las medidas de decomiso de bienes en cuestión desconocerían la reserva judicial en materia de extinción de dominio, al atribuir la competencia para decomisar a autoridades administrativas, la corporación consideró que estos cargos no estaban llamados a prosperar, por cuanto existen profundas diferencias entre el decomiso administrativo y la extinción de dominio. En cuanto a la presunta vulneración al derecho de defensa y contradicción del propietario del vehículo donde se transporten bienes de contrabando o que esté adecuado para ocultar mercancías, que los demandantes aducen no permite la oposición jurídica a la medida de decomiso, la Corte, después de analizar el procedimiento legal previsto para la adopción y aplicación de este tipo de medidas, concluyó que sí existe un procedimiento administrativo previo y posterior a la adopción de la medida, en el que la persona interesada puede ejercer sus derechos a la defensa y contradicción, no sólo por la vía administrativa sino también ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo que permitió concluir que el artículo 51 garantiza los derechos de defensa y contradicción consagrados en el artículo 29 de la Constitución.

 

Sentencia C-192 de 2016. Expediente D-10974. (Comunicado de Prensa). Corte Constitucional. Plan de Ordenamiento Territorial POT - Régimen para los Distritos Especiales - Derechos Adquiridos - Uso de Suelos - Actuaciones, Licencias y Sanciones Urbanísticas - Facultades de los Municipios y Distritos para Reglamentar el Uso del Suelo. Con Salvamentos de Voto de los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo y Luis Ernesto Vargas Silva. FALLO: Declarar INEXEQUIBLES las expresiones “en materia de usos de suelos” y “en materia de uso del suelo, salvo, aquellos que hubieren sido declarados como Unidades de Actuación Urbanística y hubiesen sido incluidos en el Plan de Ordenamiento Territorial”, contenidas en los artículos 23 y 24 de la Ley 1617 de 2013. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. NORMAS DEMANDADAS: Parágrafo Artículo 23 de la Ley 1617 de 2013 (parcial); Parágrafo Artículo 24 Ley 1617 de 2013 (parcial) "Por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales". En esta oportunidad, la Corte debía resolver de un lado, (i) si establecer que los Planes de Ordenamiento Territorial del orden distrital deben respetar los derechos adquiridos en materia de usos del suelo con anterioridad a la expedición de la Ley 1617 de 2013, desconoce la prevalencia del interés general sobre el particular reconocida en los artículos 1º y 58 de la Constitución. De otro, (ii) si prever que en los procesos sancionatorios y de licenciamiento urbanístico deberán respetarse los derechos adquiridos en materia de usos del suelo, con anterioridad a la Ley 1617 de 2013, atenta igualmente contra la prevalencia del interés general sobre el particular (arts. 1º y 5º C.Po.) // La Corte recordó en primer término, que de conformidad con la Constitución Política (at. 313), les corresponde a los concejos municipales y distritales reglamentar los usos del suelo con base en los parámetros que señale la correspondiente ley orgánica. Es así como, la Ley 388 de 1997, que desarrolla la autonomía de los municipios y distritos en materia de reglamentación de usos del suelo, establece que el ordenamiento del territorio constituye una función pública cuyo objeto consiste en establecer los procesos de cambio de usos del suelo en su jurisdicción, acorde con el interés general y el logro de la función social y ecológica de la propiedad. En concreto, los que se denominan como planes de ordenamiento territorial (POT) son actos de interés general aprobados mediante acuerdos distritales y municipales, que se revisan también por los concejos municipales y distritales cada tres períodos constitucionales de gobierno municipal, con el propósito de establecer si proceden modificaciones respecto del uso del suelo. // Al mismo tiempo, señaló que la garantía constitucional de la propiedad privada y de los derechos adquiridos con arreglo a la ley (art. 58 C.Po.), no se opone a que puedan ser objeto de limitaciones en caso de que entren en conflicto con el interés público o social, como puede ocurrir frente a lo establecido en los planes de ordenamiento territorial. En este evento, habrá situaciones concretas en las que prevalezca la garantía de la propiedad privada frente a la reglamentación de los usos del suelo, como cuando se expide una licencia y el titular lleva a cabo la respectiva construcción en los términos autorizados. Ocurre lo contrario, en caso de que el propietario no haya iniciado el proyecto y sean modificadas las normas sobre uso del suelo, toda vez que no puede aducirse un derecho adquirido a determinado uso, ya que prima el interés general. Otro tanto sucede, cuando el propietario destina el predio de manera distinta a la licencia autorizada. // Para la Corte, las decisiones de carácter general que se adopten por los concejos municipales y distritales al revisar el POT, que impliquen la modificación de usos del suelo prevalecen sobre las licencias que se hayan otorgado con anterioridad, ya que no puede alegarse un derecho adquirido a determinado uso del suelo, en la medida en que el interés particular debe ceder ante intereses de orden general que se buscan en los planes de ordenamiento territorial. No debe olvidarse que la propiedad tiene una función social y una función ecológica, que justifica las restricciones que puedan imponerse por motivos de interés social y conveniencia pública. En la tensión que surge entre la garantía de la propiedad privada y de los derechos adquiridos y el reordenamiento en los usos de suelo por razones de interés general, social o ecológico, el legislador debía ponderar los intereses en juego y darle prelación a éstos últimos, acorde con lo dispuesto en el artículo 58 de la Carta Política. En consideración a la prevalencia del interés general sobre el particular y a las funciones social y ecológica de la propiedad, resulta válido que el legislador fije a cargo del propietario limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad. Así lo determinó la Corte Constitucional, recientemente, en la Sentencia C-035 de 2016. // Por consiguiente, el legislador no podía consagrar la intangibilidad de derechos adquiridos con anterioridad a la Ley 1617 de 2013, frente a los cambios que se introduzcan el uso del suelo por parte de los concejos municipales y distritales, en ejercicio de la autonomía que le reconoce la Constitución y la protección y defensa del interés general por encima de intereses particulares. Al disponer el reconocimiento de derechos adquiridos sobre usos del suelo genera un desequilibrio que afecta el interés común del municipio, que obstaculiza la actividad urbanística y el desarrollo de objetivos del mismo orden, contenidos en los planes de ordenamiento territorial De igual modo, en los procesos sancionatorios y licenciamientos urbanísticos, de conformidad con la Constitución, deben aplicarse de preferencia las regulaciones vigentes en materia de uso del suelo, sin que a ellos pueda oponerse derechos de particulares adquiridos con anterioridad a la Ley 1617 de 2013. // Con fundamento en lo expuesto, la Corte procedió a declarar inexequibles las expresiones demandadas de los artículos 23 y 26 de la Ley 1617 de 2013, que establecían el respeto a derechos adquiridos en materia de usos de suelo, en contravía de lo consagrado en los artículos 1º y 58 de la Constitución Política.

 

Nota Tributaria

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