Volumen: 06 - Número: 423   [2016-04-21]

Título del Boletín: Actualidad Tributaria 423 del 21-04-2016.

 

Boletín de Actualidad Tributaria 423

21-04-2016

 

 

Amigos de Nota Tributaria, cordial saludo

 

 

Por considerarlo de interés, se han procesado e incorporado a nuestra biblioteca los siguientes documentos:

 

 

NORMAS NACIONALES

 

 

Instrucción Administrativa 01 de 2016. Superintendencia de Notariado y Registro. Transcripción de Linderos en las Escrituras Públicas. Con el ánimo que la transcripción de los linderos se ajuste a los que figuran en los Certificados de Tradición, esto es, que identifique el inmueble o inmuebles objeto de una negociación, se comunica que a partir de la fecha de la presente instrucción, la transcripción de los linderos prevista en el artículo 21 del Decreto 960 de 1970, se realizará protocolizando el certificado de tradición del inmueble que corresponda, en los casos en que éste aparezca claramente determinados los linderos. // En conclusión, no es necesario realizar la transcripción literal de linderos en la escritura pública, en su lugar, bastará la protocolización del certificado de tradición en el que consten aquellos.

 

 

Resolución 313 de 2016. Ministerio de Cultura. Por la cual se imparten instrucciones para el Registro como Productor de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas en cumplimiento del Decreto 2380 de 2015 y se dictan otras disposiciones. Autorización de Operadores en Boletería en Línea. De conformidad con lo establecido en el artículo 10o de la Ley 1493 de 2011, reglamentado por los artículos 2.9.1.2.1. y siguientes del Decreto 1080 de 2015, la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura administrará la base de datos de los productores de espectáculos públicos de las artes escénicas, la cual se regirá bajo las disposiciones previstas en las precitadas normas y en la presente Resolución. // Los productores deberán inscribirse ante el Ministerio de Cultura en el registro de productores de espectáculos públicos de las artes escénicas previamente a la realización de este tipo de eventos y deberán atender lo reglamentado en el Decreto 1080 de 2015 -modificado y adicionado por el Decreto 2380 de 2015, y en esta Resolución.

 

 

DOCTRINA NACIONAL - CONCEPTOS DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE INTERÉS

 

 

Concepto 201 de 2016. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Impuesto sobre las Ventas - Servicios Gravados - Servicio de Alimentación bajo Contrato - Suministro de Alimentos y Bebidas a través de Máquinas Automáticas Dispensadoras o Expendedoras - Catering - Impuesto Nacional al Consumo INC - Interpretación del Artículo 2o del Decreto 803 de 2013 - Servicios de Alimentación prestados bajo Contrato de Catering Excluidos del Impuesto al Consumo y Gravados con el Impuesto sobre las Ventas. Los servicios prestados bajo contrato, están exceptuados del impuesto sobre las ventas y están gravados con el impuesto al consumo. No obstante, los servicios de alimentación prestados bajo contrato (catering), entendido como el suministro de comidas o bebidas preparadas para los empleados de la empresa contratante, están gravados con el impuesto sobre las ventas a la tarifa general, esto es, al 16%. // Según la definición que hace el artículo 2o del Decreto 803 de 2013, los servicios de alimentación prestados bajo el contrato de catering excluidos del impuesto nacional al consumo y gravados con el impuesto sobre las ventas, comprenden el suministro de comidas y bebidas preparadas para los empleados de la empresa contratante, luego el suministro de bebidas calientes (aromáticas, café, y otras bebidas lácteas) para consumo de los empleados de una empresa, está incluido dentro de este servicio. // El servicio prestado así está gravado con el impuesto sobre las ventas a la tarifa general, esto es, al 16%.

 

 

Concepto 286 de 2016. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Convenios Internacionales - Convenios para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal CDI - Convenio Colombia-España - Servicios de Asesoría Legal y Jurídica - Beneficios Empresariales - Retención en la Fuente a la Tarifa del 10% - Impuesto sobre la Renta - Servicios de Asistencia Técnica, Servicios Técnicos y de Consultoría - Servicios de Asesoría Legal y Jurídica - Cambio de Doctrina - Se Revoca el Concepto 5838 de 2015. En una coherente interpretación del convenio, se debe entender que el servicio de asesoría legal y/o jurídica se encuentra del marco conceptual de consultoría y, por lo tanto, estaría ajustado y correría la suerte de lo señalado en el artículo 12 del CDI, ya que calificarlo sin menoscabo como un beneficio empresarial, interrumpiría el objeto, contexto y propósito de lo señalado en el articulado del convenio. // Es así como este Despacho colige que el pago o abono en cuenta realizado por un residente en Colombia a un beneficiario efectivo -residente español- estaría sujeto a una tarifa de retención en la fuente del 10% del ingreso bruto pagado.

 

 

Concepto 5468 de 2016. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Impuesto sobre la Renta - Inversión Extranjera - Inversión de Capital del Exterior - Inversión Directa - Inversión de Portafolio - Servicios Hoteleros a través de Patrimonios Autónomos - Establecimiento Permanente - Aplicación del Artículo 20-1 del E.T. - Ingresos Gravados - Dividendos y Participaciones - Tarifa - Sucursales de Sociedades Extranjeras - Servicios Hoteleros prestados en Nuevos Hoteles o que se Remodelen o Amplíen - Patrimonios Autónomos - Definiciones de Inversión Extranjera. Una inversión del exterior de portafolio, regida por el artículo 18-1 del Estatuto Tributario, no configura Establecimiento Permanente en los términos del artículo 20-1 del Estatuto Tributario. // No es por el hecho de realizar una inversión de portafolio, por lo que un extranjero no residente tendrá un establecimiento permanente en Colombia; puesto que la figura del establecimiento permanente se presenta cuando se den los presupuestos legales que dan lugar a la realización de ciertas actividades en todo o en parte, como en el caso de la realización de actividad de prestación de servicios hoteleros en el territorio nacional a través de un patrimonio autónomo; y es en ese sentido que la doctrina contenida en el oficio 4554 de 2015 se expresa respecto del régimen aplicable (dividendos) para este tipo de actividad en el país, realizados por una inversión directa.

 

 

Concepto 7208 de 2016. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Facturación - Factura Electrónica - Autorización de Proveedores Tecnológicos - Requisitos - Personas Jurídicas con un Patrimonio Líquido Igual o Superior a 20.000 UVT y Activos Fijos que representan el 50% del Patrimonio Líquido - Interpretación y Aplicación del Numeral 4o del Artículo 12 del Decreto 2242 de 2015. En consideración al principio de interpretación que señala que cuando la norma es clara no es dable al intérprete otorgar sentido diferente al que la norma quiso expresar, se tiene que la unidad de valor tributario a que se refiere la norma -numeral 4o del artículo 12 del Decreto 2242 de 2015- es la de la fecha de presentación de la solicitud y el 50% de los activos fijos son del patrimonio líquido del solicitante, no de las 20.000 UVT.

 

 

DOCTRINA DISTRITAL - CONCEPTO DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DIB

 

 

Concepto 1235 de 2016. Secretaría de Hacienda del Distrito Capital. Procedimiento - Revocatoria Directa de los Actos Administrativo en Materia Tributaria - Revocatoria de Oficio - Naturaleza Jurídica y Características - Inaplicación del Artículo 95 de la Ley 1437 de 2011 - Recuento Normativo y Jurisprudencial. Para que se pueda revocar de manera oficiosa un acto administrativo por parte de alguna de las oficinas de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá DIB, el funcionario al momento de hacer el estudio de legalidad del acto administrativo, debe encontrar que la ilegalidad del mismo sea tan evidente y manifiesta, que no requiera una valoración profunda ni prueba adicional para revocarlo. // A las denominadas “revocatorias de oficio” no se les aplica el término señalado en el inciso dos del artículo 95 de la Ley 1437, por cuanto el supuesto de hecho de la norma está referido a las solicitudes de revocatoria directa a instancias del contribuyente en tanto su inquietud se refiere a aquellos en que no existe solicitud del ciudadano.

 

 

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

 

Sentencia C-178 de 2016. Expediente D-10957. (Comunicado de Prensa). Corte Constitucional. Parafiscalidad - Contribuciones Parafiscales - Contribución Parafiscal del Turismo - Destinación de los Recursos del Fondo Nacional de Turismo FONTUR - Fondo Cuenta para Atender Pasivos Pensionales del Sector Hotelero - Atención de las Obligaciones Laborales y Pensionales del Sector Hotelero - Principios Constitucionales Tributarios - Igualdad Tributaria - Equidad Tributaria - Límite a la Potestad Tributaria del Congreso de la República. Con Salvamentos de Voto de los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo - Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-218. FALLO: Declarar INEXEQUIBLE el numeral 5º del parágrafo del artículo 15 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, ‘Todos por un nuevo país’. M.P. María Victoria Calle Correa. NORMA DEMANDADA: Artículo 15 Ley 1753 de 2002 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. Para la Corte, la norma objeto de control altera la estructura de la contribución parafiscal del turismo, de una forma que no es válida desde el punto de vista constitucional, puesto que produce una afectación a la igualdad, la equidad tributaria y la prevalencia del interés general. En realidad, no puede inferirse razonablemente que la norma beneficie a los aportantes de la contribución del turismo. No parece claro que los veintiún aportantes de la contribución parafiscal de fomento al turismo reciban un beneficio directo de la nueva destinación prevista en el Plan Nacional de Desarrollo. Como lo indica el demandante, esta decisión beneficia exclusivamente a un subgrupo de los veintiún contribuyentes, un conjunto limitado de hoteles que fueron objeto de extinción del dominio. Descartada la existencia de un beneficio directo para este sector, dada la cantidad de actores que lo configuran, la nueva destinación desvirtúa también la homogeneidad del grupo y se torna inequitativa. La limitación de los recursos se anuncia, pero no se explica en qué consiste y menos aún, se presentan los criterios técnicos para comprender su alcance. La transitoriedad de la medida, a su turno, resulta discutible, pues depende del “fondeo” de un pasivo pensional (y eventualmente laboral) que, dada la naturaleza periódica de esta prestaciones, puede que no se obtenga en un plazo corto, ni determinable. Dada esta vaguedad, este último argumento esgrimido a favor de la constitucionalidad de la medida legal es incompatible con el principio de legalidad del tributo, ya que solo en sede administrativa podría preciarse su transitoriedad y sus limitaciones. // Por consiguiente, la Corte procedió a declarar la inexequibilidad del numeral 5º y del parágrafo del artículo 15 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, por alterar la estructura de la contribución parafiscal del turismo, de una forma que no es válida desde el punto de vista constitucional, toda vez que produce una afectación de la igualdad, la equidad tributaria y la prevalencia del interés general.

 

 

Sentencia C-179 de 2016. Expediente D-10973. (Comunicado de Prensa). Corte Constitucional. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo C.P.A.C.A. - Recursos Extraordinarios - Recurso Extraordinario de Unificación de Jurisprudencia - Alcance - Sentencias de Única y Segunda Instancia de los Tribunales Administrativos - Principios Constitucionales - Derecho a la Igualdad - Acceso a la Administración de Justicia - Principio de Seguridad Jurídica. Con Salvamentos de Voto de los Magistrados Alejandro Linares Cantillo y Alberto Rojas Ríos. FALLO: Declarar EXEQUIBLE la expresión “por los tribunales administrativos” consagrada en el artículo 257 de la Ley 1437 de 2011, por los cargos analizados en esta sentencia. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. NORMA DEMANDADA: Artículo 257 Ley 1437 de 2011 (parcial). Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Lo primero que advirtió la Corte es que la norma acusada no desconoce el derecho a la igualdad, puesto que los sujetos y la situación que se compara no se encuentran en idénticas circunstancias y de ahí que resulta válida la limitación de procedencia que se impone en la ley. En efecto, la restricción del recurso a las sentencias dictadas en única y segunda instancia por los tribunales administrativos (y no permitirla contra las que profieren las secciones del Consejo de Estado) busca preservar con exclusividad, como ya se explicó el precedente vertical que se deriva de las sentencias de unificación. En tal virtud, el señalamiento de la citada autoridad no corresponde a una decisión carente de sentido, por cuanto, de una parte, se entiende que las decisiones de los juzgados administrativos deben seguir igualmente el mismo precedente y que en el caso que lo desconozcan, se activa la posibilidad de controvertir lo fallado mediante los recursos ordinarios. Por ello, una de las reglas de prosperidad del recurso extraordinario en cuestión, es que haya apelado la sentencia de primer grado, “cuando el fallo de segundo grado sea exclusivamente confirmatorio de aquella”. De otro lado, porque en el caso de las divisiones que se producen dentro de la sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, esto es, las secciones y subsecciones que la integran, corresponde a una medida de distribución del trabajo, pero no existe ninguna relación jerárquica o de subordinación funcional entre ellas, así como en su relación con la Sala Plena, en los asuntos que son objeto de su exclusivo conocimiento. // En segundo lugar, la Corte determinó que visto el objeto del recurso extraordinario de unificación, es claro que no resulta comparable la situación de hecho planteada por el demandante. Mientras que la delimitación que se hace del recurso a los fallos de única y segunda instancia de los tribunales administrativos, se justifica en que la contradicción con una sentencia de unificación puede estar mediada por el desconocimiento a la decisión de plantear un apartamiento justificado de la línea vigente, como lógica que subyace en el principio de obligatoriedad de un precedente vertical. En la medida en que no se presenta una relación jerárquica entre las secciones y subsecciones, como en su relación con la Sala Plena, la circunstancia de hecho que se plantea es totalmente distinta. Si llegare a hacerse necesario modificar un precedente horizontal planteado en una sentencia de unificación el artículo 271 del CPACA permite definir o sentar nuevos precedentes (v.gr. en casos de importancia jurídica o trascendencia económica). Este mecanismo alternativo puede activarse por actuación del propio Consejo de Estado, solicitud del Ministerio Público o solicitud de parte, lo cual facilita el acceso a la justicia. // En conclusión, la Corte estableció que no resulta comparable la situación de hecho plateada por el accionante, toda vez que visto el objeto del recurso, se encuentra que su construcción teórica y normativa se articula alrededor de la protección del precedente vertical formulado en sentencias de unificación, mientras que el precedente horizontal que surge de las mismas, se garantiza a través de otras herramientas judiciales, como son las previstas en el artículo 271 del CPACA. // Por último, la Corporación no encontró que la limitación que se impugna lleva consigo una vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia, ni del principio de seguridad jurídica. A su juicio, la restricción impuesta corresponde a una manifestación de la potestad normativa en materia procesal, lo que habilita que el diseño de cada recurso se haga a partir de la búsqueda de un fin u objetivo concreto que lo torne ajustado a su naturaleza jurídica, siempre que se respeten los valores, principios y derechos consagrados en la Carta. A partir de las distinciones anteriores, la Corte no advirtió que dicha limitación suponga un desconocimiento de estos preceptos constitucionales; por el contrario, consideró que se trata de una medida que contribuye a la realización y al fortalecimiento de la función de unificación jurisprudencial que cumple el Consejo de Estado, como órgano de cierre y Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo. En todo caso, para eliminar cualquier posibilidad de incoherencia o de tratamiento distinto en casos iguales, como ya se indicó, el CPACA dispuso un mecanismo de unificación interna en el artículo 271, que permite preservar una interpretación uniforme y consistente del ordenamiento jurídico. En ese orden, la Corte concluyó en la declaración de exequibilidad de la expresión normativa demandad del artículo 257 de la Ley 1437 de 2011.

 

 

Sentencia C-184 de 2016. Expediente LAT-438. (Comunicado de Prensa). Corte Constitucional. Convenios Internacionales - Convenios Comerciales - Tratado de Libre Comercio - TLC - Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea - Zonas de Libre Comercio - Control de Constitucionalidad de la Ley 1747 de 2014 - Fallo de Exequibilidad Condicionado - Competencias de la Junta Directiva del Banco de la República. Con Aclaraciones de Voto de los magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado y Alberto Rojas Ríos. FALLO: Primero.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1747 de 2014 “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y la República de Corea’, firmado en Seúl, República de Corea, el 21 de febrero de 2013”. // Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y la República de Corea, firmado en Seúl, República de Corea, el 21 de febrero de 2013”, salvo el literal A, numeral 2 del Anexo 8C del Acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y la República de Corea, que se declara EXEQUIBLE con la condición de que se interprete que el plazo allí establecido tiene el carácter de una orientación de política exterior a las autoridades competentes, por cuanto las competencias constitucionales autónomas del Banco Emisor no pueden tener las restricciones allí previstas conforme al artículo 371 de la Constitución. En consecuencia, ORDENAR al Presidente de la República que al manifestar el consentimiento del Estado colombiano en obligarse por este tratado mediante el depósito del instrumento de ratificación, formule esta declaración interpretativa. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 1747 DE 2014. La Corte determinó que la revisión formal de constitucionalidad del instrumento y de su ley aprobatoria, muestra que se cumplieron las reglas y subreglas jurisprudenciales establecidas para las fases: (i) previa gubernamental: que acreditó la representación válida del Estado colombiano por el entonces Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados Guida, en la negociación, celebración y suscripción del instrumento internacional, así como en su aprobación y remisión al Congreso de la República por parte del Presidente de la República. Así mismo, del contenido del tratado no se derivó la obligación de agotar el mecanismo de consulta previa; (ii) legislativa: en la que se verificó el cumplimiento del procedimiento legislativo establecido para las leyes ordinarias y en especial, la exigencia de anuncio previo conforme el artículo 160 de la Constitución, los quórums deliberatorios y decisorios de los debates legislativos; y (iii) posterior gubernamental: que consagra el deber del Presidente de la República de sancionar la ley y remitirla a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes, en cumplimiento del artículo 241.10 de la Constitución Política. // La Corte determinó que la revisión formal de constitucionalidad del instrumento y de su ley aprobatoria, muestra que se cumplieron las reglas y subreglas jurisprudenciales establecidas para las fases: (i) previa gubernamental: que acreditó la representación válida del Estado colombiano por el entonces Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados Guida, en la negociación, celebración y suscripción del instrumento internacional, así como en su aprobación y remisión al Congreso de la República por parte del Presidente de la República. Así mismo, del contenido del tratado no se derivó la obligación de agotar el mecanismo de consulta previa; (ii) legislativa: en la que se verificó el cumplimiento del procedimiento legislativo establecido para las leyes ordinarias y en especial, la exigencia de anuncio previo conforme el artículo 160 de la Constitución, los quórums deliberatorios y decisorios de los debates legislativos; y (iii) posterior gubernamental: que consagra el deber del Presidente de la República de sancionar la ley y remitirla a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes, en cumplimiento del artículo 241.10 de la Constitución Política.// Sobre las cláusulas específicas del tratado examinado, la Corte efectuó un análisis de manera separada para concluir en su constitucionalidad a priori, sin perjuicio de que desarrollos legislativos concretos del instrumento puedan conducir a infracciones de los postulados y preceptos constitucionales, salvo respecto del literal A, numeral 2 del Anexo 8C del Acuerdo, en relación con el cual la Corte ordena al Presidente de la República formule una declaración interpretativa, que preserva la estipulación acordada pero de manera compatible con la Constitución Política de Colombia. En particular, la Corte encontró que el plazo que allí se establece para que el Banco Emisor en cada Estado parte adopten o mantengan medidas temporales de salvaguarda, respecto de pagos y movimientos de capital en situaciones de dificultades o amenaza de crisis de balanza o desequilibrios macroeconómicos , desconoce la competencia constitucional de la Junta Directiva del Banco de la República, en materia de regulación de cambios internacionales y la fijación de sistemas de cambio, dentro del ámbito de la autonomía que consagra el artículo 371 de la Carta Política. En consecuencia, se declaró la exequibilidad del Acuerdo, salvo lo estipulado en el literal A, numeral 2 del Anexo 8C, respecto del cual se condicionó a que se interprete que el plazo allí establecido tiene el carácter de una orientación de política exterior a las autoridades competentes y en este sentido, el Presidente de la República, al momento de manifestar el consentimiento del Estado colombiano en obligarse por este Acuerdo mediante el depósito del instrumento de ratificación, formule la respectiva declaración interpretativa.

 

 

Nota Tributaria

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