Reforma Tributaria Distrito Capital 2010 - Proyecto de Acuerdo

posteado por Nota Tributaria @ 11:57am, Martes 7 Septiembre 2010.

Por el cual se establecen medidas de modernización y simplificación del Sistema Tributario del Distrito Capital

 

EXPOSICION DE MOTIVOS

BOGOTÁ, MODELO DE GESTIÓN TRIBUTARIO SIMPLE, EQUITATIVO, RESPETUOSO, TRASPARENTE Y PROGRESIVO.

 

Nota: Consulte el texto del articulado del proyecto de acuerdo en:http://www.notatributaria.com/tesauro.php?idcat1=1&idcat2=17&idcat3=26

 

Introducción

 

En 2008 la Actual Administración recibió una Secretaria de Hacienda que administraba más de 2 millones de contribuyentes, un recaudo de 3.8 billones de pesos anuales, un cumplimiento oportuno cercano al 86%, niveles medios de evasión en los principales impuestos, una gestión tributaria basada en impuestos y procesos masivos pero sin control automatizado. Pero así mismo, se encontró con una organización inmersa en un importante proceso de transformación, cuyo inicio se remonta a los años noventas con el fortalecimiento de la cultura tributaria, el mejoramiento de la información, la profesionalización de la planta, la certificación de sus procesos, la creación de regímenes especiales y los centros especializados de servicios a los contribuyentes que han permitido una descentralización en la atención. El norte que ha guiado el proceso de modernización está claro: promover la visión del contribuyente como cliente de la Administración dándole un trato respetuoso, brindándole la información suficiente, integrándolo como veedor de la tributación, premiando su comportamiento fiel y responsable con la ciudad y garantizándole una rendición de cuentas transparentes.

Así el gran desafío para los próximos años es aumentar o mantener el cumplimiento oportuno y crear los mecanismos de control efectivos para reducir la evasión y la morosidad. Esto se traduce en el fortalecimiento de los dos pilares que forman la base de un sistema tributario moderno y eficiente: brindar la atención al contribuyente con información, servicios y educación fiscal y de otra parte tener la capacidad de detectar y responder ante aquellos que no cumplen con sus cargas, permitiendo el debido registro, verificando las declaraciones y los pagos, teniendo una alta capacidad de fiscalización, realizando el cobro de manera eficiente y aplicando un sistema equilibrado de incentivos y sanciones.

Parte de lo que podemos denominar Agenda para la equidad tributaria” comenzó a finales del 2008 con la aprobación del Acuerdo 352 por el cual se adoptaron medidas para la optimización tributaria y siguió en el año 2009 con los Acuerdos 399 donde se adoptaron medidas para la simplificación tributaria y el 426 con importantes medidas en el impuesto predial unificado. Pero no sólo es en el campo de lo local donde se han encontrado distorsiones que vulneran la equidad y que no permiten una modernización plena. Los ajustes a la estructura impositiva territorial hoy siguen siendo necesarios para afrontar un proceso de profundización de la descentralización municipal,  para corregir las cargas de sectores que han quedado rezagados en su tributación, ya sea por lo obsoleto de las leyes o por los importantes beneficios que se les ha otorgado y para que se promueva un código único a nivel nacional que responda a los derechos y deberes de los ciudadanos.

Por otra parte, es evidente que el desarrollo de la Administraciones Tributarias responde a diversos factores históricos, culturales y económicos específicos; que deben consultarse a la hora de introducir mecanismos de ajustes que permitan una mayor eficiencia, progresividad y equidad. Son mejores los cambios graduales que afiancen la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Por ejemplo, los diagnósticos de la desigualdad, de los factores que representan debilidades en un camino para hacer nuestra sociedad más justa, humana, sustentable y democrática, abundan. Uno de los más recientes es el de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL titulado “Evasión y Equidad en América Latina” en el cual se vuelve a indicar que en Latino América coexisten esos pequeños  porcentajes de población que concentran la mayor parte de la riqueza con amplias mayorías que apenas subsisten.

El informe señala que si bien los países de América Latina no son los más pobres del mundo, si presentan la más alta desigualdad de ingresos. Por este motivo, pensar en el diseño de políticas públicas orientadas a mejorar la equidad social es un imperativo intelectual y moral, máxime cuando en la región la evasión puede situarse en un 40%. Así se expresa como mensaje central: “La definición del papel del Estado y de la política fiscal constituye, desde esta perspectiva, una herramienta fundamental para la construcción de una mayor equidad. Para ello, las autoridades deben usar con eficiencia todas las herramientas de política fiscal disponibles y recurrir tanto al gasto público como a otros instrumentos económicos. Es bien sabido que el Estado puede promover la equidad a través de un gasto social más eficiente, para lo cual es indispensable contar con cierto nivel de carga tributaria. No obstante, para lograr que el gasto tenga los efectos distributivos deseados, es fundamental que la estructura de financiamiento no sea regresiva, es decir, que no recaiga en mayor medida sobre los estratos medios y bajos de la población. Es en este punto donde el diseño y la estructura de los sistemas tributarios merecen especial atención como elementos de resguardo de la equidad, lo que es factible mediante el fortalecimiento de tributos cuya carga sea afrontada por los que más tienen, como los impuestos a la renta personal y al patrimonio.” CEPAL y podríamos agregar que para el caso local de los impuestos a la propiedad en donde la base es objetiva y no hay forma de ocultarla; agrega el estudio: “sin embargo, para que ambos instrumentos sean más efectivos a la hora de mejorar la equidad distributiva, es necesario aumentar los niveles de cumplimiento en el pago de los impuestos, en particular de aquellos que gravan los ingresos de forma progresiva, de modo de poder contar con más recursos para financiar el gasto público social.”

Y es en esa dirección que la presente propuesta se pone a consideración del Concejo de la Ciudad porque sin duda una tributación correcta, que permita que cada cual pague conforme con sus posibilidades y realidad económica no sólo cumple el principio de la universalidad sino que además permite la cohesión social entorno a la importancia del tributo como generador de beneficio colectivo y desarrollo para la capital.

El desafío que nos hemos planteado en torno a la equidad no sólo pasa por mejorar la estructura legal sino que exige importantes cambios institucionales y en específico en la forma como debe relacionarse la Administración con sus administrados.

La estrategia de mediano plazo también requiere necesariamente una reorganización administrativa y de los sistemas de información, toda vez que se debe buscar dar un tratamiento integral al contribuyente con procesos y servicios virtuales y no por impuesto y de manera personalizada como hoy sucede. La desarticulación y el trato por impuesto  genera unos altos costos de transacción y de oportunidad a los bogotanos por eso la auto atención, el manejo de un portafolio integrado de fácil acceso y electrónico de servicios permitirá avanzar en la senda del cumplimiento oportuno de las obligaciones. Siendo ello así, es fundamental que a través de este proyecto de modernización se le otorguen amplias competencias a la Administración para que pueda realizar sus funciones adecuadamente.

Pero la equidad tributaria no sólo se logra con tener la mejor estructura impositiva con tasas progresivas si al mismo tiempo la Administración no es efectiva en controlar la evasión pues esta práctica es fuente de inequidades con aquellos que si son cumplidos. Para controlar la evasión la información se constituye en el corazón del sistema tributario. Mayor inteligencia fiscal, funcionarios de alta calificación y la creación de segmentos especiales de grandes, medianos y pequeños contribuyentes deben generar mayor riesgo subjetivo de incumplimiento.  

Si bien el gobierno distrital ha dado pasos significativos durante los últimos años para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y hacer de Bogotá una ciudad más competitiva esta labor no se ha completado y se requiere un nivel considerable de inversiones adicionales. Por otro lado, las circunstancias económicas y financieras que están afectando a los países y a sus administraciones públicas, hacen necesario identificar e implantar medidas que atenúen los efectos de las crisis económicas con el fin de lograr un ajuste exitoso de las organizaciones que permitan superar los desafíos, así como mantener y aún incrementar la eficiencia y eficacia de su gestión (CIAT, 2009).

 

Así con la presente propuesta la Administración se propone establecer reglas tributarias claras y estables, avanzar en la simplificación de la estructura tributaria, promover el cumplimiento oportuno e incrementar esfuerzos en el control de la evasión y la elusión fiscal. La existencia de un sistema tributario justo, la eficiencia de la Administración Tributaria y la racionalidad y eficiencia del gasto público, son factores fundamentales en la formación de una conciencia fiscal de la ciudadanía, que la lleve a asumir la aplicación del sistema tributario y a cumplir oportunamente sus obligaciones fiscales (Presa Leal, 2009).

Estos ciudadanos comprometidos con la ciudad, conocedores de la importancia de los tributos, conscientes de sus responsabilidades como contribuyentes, propician una relación de mutuo beneficio para todos, en tanto se disminuyen los costos de operación para la Administración, se disminuyen los costos de transacción y las sanciones para los administrados y se generan los flujos de caja permanente que permiten la inversión y el crecimiento de la ciudad.

Dentro del contexto anterior, la Dirección Distrital de Impuestos en el año 2010 estructuró un nuevo modelo de gestión tributaria para Bogotá, simple, equitativo y progresivo, el cual busca reafirmar las conductas positivas o de cumplimiento de los contribuyentes, facilitándoles y ofreciéndoles el mejor servicio a quienes mantienen estas conductas. Este modelo orienta la gestión de la Administración Tributaria hacia estos contribuyentes que pagan oportunamente sus impuestos, a partir de la conjunción de los siguientes elementos: i) servicio y educación fiscal, ii) inteligencia tributaria, iii) control fiscal, y iv) seguridad jurídica.

El servicio y la educación fiscal precisan una oferta de servicios que se ajusta a la diversidad de ciudadanos y contribuyentes, así como el reconocimiento al desempeño correcto de los contribuyentes a través de la excelencia en el servicio y la disposición de facilidades para cumplir sencilla y rápidamente con el pago de sus obligaciones.

La inteligencia tributaria se entiende como la consolidación del conocimiento de la ciudad y sus ciudadanos, con el fin de anticiparse a sus necesidades, al comportamiento de los contribuyentes y a sus decisiones de pago, a través de instrumentos como son la calificación de riesgos y el desarrollo de lógicas de control fiscal.

Por su parte, el control fiscal evidencia la fortaleza del Estado para que la sociedad reconozca la inflexibilidad frente al incumplimiento. La actuación oportuna, ejemplar y secuencial, legitima la institucionalidad tributaria, crea riesgo subjetivo y envía señales efectivas tanto a quienes deciden tener conductas de incumplimiento tributario como a quienes cumpliendo están dispuestos a no pagar o pagar menos.

 

"...".

 

El cuarto elemento, la seguridad jurídica, afirma la estabilidad del modelo ofreciendo a administrados y administradores reglas claras de manejo, marcos jurídicos sencillos, eficientes, estables en el tiempo y permitiendo la legítima defensa de los ciudadanos.

Los cuatro elementos anteriores, marcan el horizonte del desarrollo organizacional que modula el progreso y fortalecimiento de la Administración, el marco gerencial y estratégico, la transparencia y la rendición de cuentas, la eficiencia en el uso de los recursos, la adopción permanente de las mejores prácticas, la interrelación con el contexto que vitaliza permanentemente el actuar y que asegura la consolidación de una entidad sólida, legítima y respetuosa de sus administrados.

Las administraciones tributarias son consientes de que la eficacia de sus actuaciones reside en soportar su gestión en sistemas de información flexibles, integrados, completos y orientados al ciudadano. En este punto, cobra importancia el desarrollo de un sistema de información con la capacidad de fortalecer la gestión de los recursos de la ciudad, que ofrezca a sus contribuyentes un volumen de opciones para tributar de forma fácil y accesible. En este sentido, la Administración está trabajando en una reingeniería de sus sistemas en lo que se ha denominado Portafolio Integral Tributario PIT, que permitirá el desarrollo de procesos integrales de inteligencia tributaria, control y seguimiento de contribuyentes y gestión de la organización así como de información de sus aliados estratégicos.

En conclusión, el ciudadano es el centro del modelo de gestión tributaria; es para él que la ciudad está organizando una Administración de Impuestos eficiente y moderna y, para el logro de este objetivo, presenta al Concejo de la ciudad esta propuesta de “Modernización del Estatuto Tributario” con la cual se espera contar con los mecanismos necesarios para materializar su modelo de gestión.

Otra parte de la modernización debe atender a la competitividad. Bogotá ha ganado importancia como centro para realizar negocios. Entre las conclusiones más importantes de la Cámara de Comercio de Bogotá está la necesidad de dar continuidad a estos esfuerzos para mejorar el posicionamiento de la ciudad. En la competencia mundial muchas ciudades están buscando estrategias para darse a conocer como la mejor opción para hacer negocios y Bogotá debe estar a la cabeza de estos esfuerzos. Respecto a este punto, Javier Gamboa Benavides, vicepresidente ejecutivo del Consejo Privado de Competitividad, en el foro auspiciado por la Cámara de Comercio de Bogotá: “Avances y Retos de Bogotá como ciudad para hacer negocios en América Latina”, muestra las principales barreras para hacer negocios en la ciudad, entre ellas se encuentra la compleja regulación tributaria, en donde las tasas de los impuestos no son el problema, sino la estructura que es muy engorrosa.

Específicamente para el caso colombiano, los estudios recomiendan conseguir un cumplimiento más sencillo a través de reformas a mayor escala; es decir, una simplificación de la legislatura permitiendo un mayor entendimiento por parte de los contribuyentes obligados al pago de tributos en las ciudades, enfocado a disminuir las conductas orientadas a la  evasión fiscal. Así mismo, se hace necesario estudiar el cumplimiento de los objetivos de las exenciones de los tributos, para tener impuestos más equitativos para los contribuyentes. (BM&CFI B. M., 2010)

Con relación a la medición internacional, existen varios organismos que han desarrollado metodologías encaminadas a categorizar el comportamiento de los países con relación a varios componentes que pretenden medir la competitividad de las regiones; entre los que se encuentran la categorización del “World Economic Forum”, del “International Institute for Management Development” y del Banco Mundial y la corporación Financiera Internacional. Este último llamado “Informe Doing Business” es el que contempla el pago de impuestos como variable esencial en su medición.

Así, este informe tiene como objetivo principal medir, cómo la reglamentación en cada país afecta el ciclo de vida empresarial; la medición abarca a 183 economías, y se construye con base en el análisis de 10 indicadores como son: apertura de un negocio, manejo de permisos de construcción, contrato de trabajadores, registro de propiedades, obtención de crédito, protección de los inversores, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos y cierre de una empresa.

Entre los resultados de los estudios anuales Colombia ha mejorado su posición como lugar para hacer negocios, pasando del puesto 49 (ranking 2009) al puesto 37 (ranking 2010) la tercera economía con facilidad para hacer negocios de América Latina, por detrás de Puerto Rico y Santa Lucia. Pero analizando el indicador de nuestro interés, en pago de impuestos no es tan benevolente con el caso Colombiano, en el presente informe, ocupamos el puesto 115 de 183 países estudiados; Colombia registra uno de los mayores números de pagos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en efecto, registra 20 pagos en el año para cuyo cumplimiento se requiere de 208 horas, lo que significa que todavía hay mucho por hacer.

En un informe de las mismas características a nivel subnacional que se realizó en el año 2009 para Colombia se encontró que, Bogotá ocupó el puesto 19 entre las 21 ciudades estudiadas en materia tributaria; la facilidad para pagar impuestos según este estudio está medida por un promedio simple de la clasificación de cada ciudad en el número de pagos, el tiempo y la tasa de impuesto total. En Bogotá se deben presentar 20 pagos al año apenas por debajo del promedio del país (20.3) y por debajo del encontrado en los países de América Latina de 33 pagos, que toman un tiempo de 208 horas, con una tasa total de impuestos de 78.7% de las ganancias brutas, muy por encima de la nacional que es 71.2%. (BM&CFI B. M., 2009).

 

En respuesta a este reto el Gobierno Nacional, a través del CONPES 3527 sentó las bases para desarrollar los lineamientos de la Política Nacional de Competitividad (PNC) aprobados por la Comisión Nacional de Competitividad (CNC) el 13 de julio de 2007; estableciendo los siguientes cinco pilares:

 

·         Desarrollo de sectores o clúster de clase mundial

·         Salto en la productividad y el empleo

·         Formalización empresarial y laboral

·         Fomento a la ciencia, la tecnología y la innovación, y

·         Estrategias transversales de promoción de la competencia y la inversión.

 

Dentro de los planes de acción desarrollados en este documento se encuentra, para el nivel nacional, la simplificación tributaria y determina líneas de trabajo entre las que se encuentran:

 

Fortalecimiento de la Administración Tributaria y Aduanera con la adopción total de las reformas legales, de procedimiento y la implementación de los servicios electrónicos previstos en el Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado (MUISCA) de la DIAN.

 

Simplificación del sistema tributario colombiano a través de:

 

·         Sostenibilidad, que supone asegurar al menos el recaudo actual.

·         Equidad horizontal y vertical.

·         Simplificación de bases gravables generales sin tratamientos preferenciales, transparente para el contribuyente y de bajo costo.

·         Formalización para vincular a todos los agentes económicos al cumplimiento de niveles de tributación y requisitos formales

El presente proyecto de Acuerdo de modernización será el vehículo efectivo para fortalecer las bases de la Administración Tributaria. Como se mencionó anteriormente, el contribuyente es el centro del modelo tributario y para prestarle un servicio más oportuno, ágil y sencillo, que le facilite el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, es necesario adecuar las normas y los procedimientos que harán posible un sistema más equitativo, progresivo y simple.

En el primer capítulo se exponen las iniciativas dirigidas a la redistribución de las cargas tributarias en la ciudad en el impuesto predial unificado, para esto se propone un nuevo sistema tarifario basado no en los estratos socioeconómicos sino en el valor del avalúo catastral del predio y su valor por metro cuadrado integral. Como lo han mostrado varios estudios como el de Uribe y Mallarino (2008) la estratificación ha incidido en la segregación geográfica en la ciudad, en el valor de la vivienda y de los impuestos de propiedad, lo cual provoca en sus residentes la renuencia a aspirar a ascender de estrato, atrapamiento en los estratos que reciben subsidio y largos tiempos de movilidad de la zona de residencia a los lugares de trabajo (Uribe y Pardo, 2006 y Uribe et al, 2006).

Esto es muy importante porque el atrapamiento en estratos oculta la verdadera capacidad contributiva de los contribuyentes y permite reducir la tributación local. En efecto, se encontró que dentro de los seis estratos existe una proporción de predios superiores a los $200.000.000, que dada la estructura tarifa actual basada en los estratos socieconómicos pagan de manera diferencial lo cual rompe el principio de la equidad horizontal.

Teniendo en cuenta que la propuesta de ajuste del impuesto predial para el caso de los predios residenciales, consiste en establecer una estructura tarifaria dependiente del avalúo y de valor del metro cuadrado integrado de los predios, se hace necesario contar con avalúos catastrales que reflejen el verdadero valor comercial de las viviendas. La actualización permanente permitirá mejorar y aumentar la claridad de la información con la que cuenta la UAECD, además de incentivar el uso transparente de la información del mercado por parte del ciudadano. Más importante aún la actualización permanente permitirá no solo reducir costos para la administración y mejorar la precisión de los avalúos sino también contar con la base gravable del impuesto predial y una estructura tarifaria para el mismo coherente con las dinámicas del mercado inmobiliario. 

La progresividad en el impuesto predial permitirá que en los estratos 1 a 3 se presente un alivio considerable en el monto global del recaudo. En particular, en el estrato 1, al 50% de los predios disminuiría el impuesto con la modificación propuesta, en el estrato 2 habría una disminución al 20% de los predios, y en el estrato 3 al 70% de los predios. Por su parte, los predios a los que se les vería incrementado el impuesto coinciden con los estratos más altos.

Adicionalmente la propuesta de ajuste del Sistema Simplificado de Pago SSP, que atiende a las facultades dadas por la Ley 1111 de 2006 en cuanto al sistema de facturación para la determinación del impuesto predial, preservando el derecho de defensa del contribuyente. Son varios los motivos que animan la propuesta de ajustes al SSP. En primer lugar se busca consolidar un mejor servicio para los contribuyentes de los estratos 1, 2 y 3 vinculando soluciones de pago no bancarizados, como pueden ser las cajas en supermercados y otros puntos de fácil acceso en diversos puntos de la ciudad para estos contribuyentes, en un esquema claro de desconcentración del recaudo pues se pasa de un sistema de liquidación privada a facturación.

Por otro lado, la ampliación de los beneficios al estrato 3 de facturación del impuesto permite reducir costos de transacción implícitos en formularios, desplazamientos y asesoría tributaria al momento de realizar la liquidación privada bajo el esquema actual. Reducción de los costos de administración y control del tributo haciendo más eficiente la recaudación y el cobro de las obligaciones, eliminándose el proceso intermedio de fiscalización.

El capítulo dos se expone las ventajas de simplificar la declaración y pago para los contribuyentes del impuesto de industria y comercio y una mayor capacidad administrativa en su recaudo y control. Conforme a lo que dispone el Decreto Ley 1421 el Concejo puede modificar el periodo de declaración y pago, así como establecer sistemas de presunciones basados en parámetros. Con estas iniciativas es clara la reducción de los costos para los empresarios y una mayor eficiencia en el control tributario al concentrarse en los medianos y grandes contribuyentes.

En el tercer capítulo se encuentran las propuestas para la modernización del sistema tributario hacia un servicio más simple y confiable y unos sistemas de control más eficientes y robustos basados en la información. Para garantizarle una mejor atención al ciudadano - cliente, la Administración dispondrá de un portal web a través del cual los contribuyentes contarán con una cuenta virtual donde podrán consultar sus obligaciones tributarias consolidadas. Adicionalmente la Administración ofrecerá al ciudadano soporte tecnológico especializado en tiempo real, como los liquidadores y el acompañamiento virtual para realizar sus pagos; herramientas electrónicas para que el contribuyente realice el proceso de auto atención y la recaudación en línea, entre otros.

La información deficiente impide una cobertura total de las emisiones, o procesos más efectivos de notificación y comunicación con los contribuyentes.  Para poder acceder a los servicios en línea, es necesario que el contribuyente realice su Registro Tributario llamado “RIT de Oro”, el cual permitirá conocer mejor a los contribuyentes y facilitará una  comunicación más efectiva.

Esta modernización de los servicios tributarios hace necesario la actualización de los procedimientos tributarios a través de la notificación electrónica y la validez de una dirección única para todos los trámites. Optimizar el procedimiento para la notificación de actos oficiales reduce costos administrativos, satisface los principios de eficacia y eficiencia y mejora la gestión de la administración y la comunicación con el contribuyente.

Por otro lado, una mayor capacidad de fiscalización contribuiría de manera decisiva a una relación más equilibrada entre el contribuyente y el Estado, potenciando el uso de la información para aumentar el control masivo, oportuno y efectivo en las Administraciones Tributarias, situación que a su vez podría viabilizar la concertación de acuerdos fiscales duraderos en el futuro (CEPAL, 2006). Encaminados a este propósito, el capítulo también incluye la propuesta de un mecanismo de control llamado la “Nota Fiscal Electrónica”, el cual incorpora al ciudadano como veedor tributario, permitirá reducir los niveles de evasión en el impuesto de industria y comercio y establece un sistema de incentivos. Parte de la equidad está en que los incumplidos sean invitados a contribuir con sus cargas ya sea de manera persuasiva o a través de acciones ejemplarizantes.

En el capitulo cuatro se introducen dos estímulos tributarios para aumentar la competitividad  la innovación,  la investigación y el desarrollo. Adicionalmente visto que Bogotá tiene ventajas intrínsecas en materia de innovación, investigación y desarrollo, que son fundamentales en la era del conocimiento y que la ciudad  concentra buena parte de las universidades y centros de investigación del país es necesario estimular, a través de descuentos tributarios, estas labores para hacer más efectiva la relación entre sociedad, conocimiento y empresa.

El Distrito ha avanzado en la formulación de la política distrital de ciencia y tecnología, focalizar la inversión en materia de CTI e identificar en el marco de la actual administración y en relación con los proyectos de largo plazo las principales prioridades y necesidades de inversión en esta materia.

La experiencia de los países desarrollados ha demostrado que las sociedades actuales deben construir sus políticas de transformación productiva basadas en la economía del conocimiento. La ciencia y la tecnología son el eje inductor del desarrollo de los países y las regiones, tal como lo propone el Programa del Milenio[1][1]: es un factor que se puede y debe promover sistemáticamente en toda la economía.

La innovación ya no puede considerarse exclusivamente como un hecho meramente transversal, es el instrumento de mayor presencia en la política pública activa, como respuesta en potenciar las ventajas competitivas de los países, regiones y sectores. Hoy se considera que las capacidades tecnológicas a nivel regional propician la innovación y desarrollo tecnológico en la estructura productiva local.

 

El diagnóstico sobre la oferta de ciencia y tecnología en

Bogotá y la región[2][2], muestran que la ciudad concentra la mayor parte de capacidades y resultados en ciencia,

tecnología e innovación, en Centros de Desarrollo Tecnológico, Universidades, proyectos conjuntos con grupos de investigación y empresas, publicaciones científicas, número de doctorados, entre otras.

 

Bogotá tiene ventajas en materia de capacidades científicas y tecnológicas,  no obstante, el desempeño de los actores que hacen parte del Sistema Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación es frágil y altamente atomizado y no ha generado una orientación con visión estratégica para lograr que la Ciudad se inserte al mundo globalizado de manera exitosa por esto se proponen una serie de estímulos tributarios para su desarrollo y consolidación.En el capítulo cinco se exponen las ventajas de contar con una Administración que pueda desarrollar sus funciones en forma independiente y profesional, que cuente con un presupuesto estable y un uso más oportuno y flexible de los recursos; se requiere de una entidad estructurada y pensada para administrar el proceso tributario de la ciudad, máxime cuando el Distrito Capital cuenta con una población superior a un país centroamericano y aporta a la economía nacional un valor importante del PIB nacional, situaciones estas que permiten entender que la función administrativa tributaria debe tener especialidad técnica, autonomía administrativa y presupuestal, blindando el proceso tributario de los avatares políticos y movimientos administrativos que afecten el debido flujo de ingresos que permitan redistribuir la riqueza mediante el gasto público como postulado principal del Estado Social de Derecho.

 

El capitulo seis establece un beneficio limitado en el tiempo para los contribuyentes victimas de hurto, desaparición o destrucción parcial. Por su parte el capítulo siete aborda la seguridad jurídica que requiere el impuesto de teléfonos en Bogotá, estableciéndose cada uno de los elementos sustantivos del tributo y en el ocho se presentan instrumentos para el desarrollo urbano. Por último el capitulo nueve examina las disposiciones procedimentales y otras medidas que contribuyen al proceso de modernización de la Administración Tributaria de la ciudad.

Así honorables concejales el presente Proyecto de Acuerdo no se centra en la generación de un incremento en el recaudo; tiene como fin último la necesidad de impulsar herramientas que junto a la implementación y apropiación de un nuevo modelo de gestión le permitan a nuestra ciudad un aumento en su competitividad y en la oferta de más y mejores servicios para todos los ciudadanos.

Las medidas propuestas son el resultado de un juicioso recorrido realizado por las diferentes etapas del ciclo tributario, evaluando sus niveles de complejidad para los contribuyentes, de certeza para la administración, de equidad y de sintonía con las actuales condiciones de la economía y de la tecnología. Así las cosas los principales hallazgos hallan respuesta en modificaciones puntuales que redundarán en beneficios para los contribuyentes y fortalecerán la gestión de la Administración tributaria.

En este recorrido se hallaron inequidades que deben ser urgentemente solucionadas; como en el caso del impuesto predial unificado Así mismo, en el impuesto de industria y comercio se detectaron códigos y tarifas diferentes para actividades muy similares que generan confusión y ambigüedad a la hora de realizar la declaración por parte de los contribuyentes y de ejercer control por parte de la Administración.

 

De igual manera a lo largo de los últimos años y producto de los avances de las tecnologías de información y comunicación, la información base para todas las actuaciones tributarias se ha ido desactualizado impidiendo una eficiente gestión. Una información oportuna y confiable permitirá procesos más efectivos de notificación y comunicación con los contribuyentes.

 

Nota: Si desea conocer el texto completo de la exposición de motivos escribanos a: [email protected] 


 



[1][1] Millennium Project, Innovation: applying knowledge in development, January 2005.

[2][2] Agenda Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para Bogotá y Cundinamarca. Fondo de Publicaciones Universidad “Francisco José de Caldas”. Bogotá D.C. 2006.

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